CARACAS, Venezuela. AP. El gobierno venezolano acordó abrir un nuevo procedimiento administrativo contra el canal de noticias Globovisión por algunos mensajes que ha difundido en los últimos días sobre la porción de la Constitución relacionada con el proceso de juramentación del presidente electo.   

Una comisión del organismo regulador del sector de telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), acudió hoy a la sede del Globovisión, único canal privado crítico del gobierno, para notificar la apertura del proceso, que es el octavo en los últimos ocho años.   

El director general de Conatel, Pedro Maldonado, dijo a la prensa que el ente regulador acordó abrir el proceso a Globovisión por presuntos “ilícitos administrativos” previstos en la ley que regula el sector y que prevé que “los prestadores de radio y televisión no podrán difundir elementos que generen zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público, que atenten contra la estabilidad del sistema democrático, elementos que vayan contra las autoridades legítimamente constituidas, o aquellos que generen odio e intolerancia por razones políticas y religiosas”.   

Maldonado explicó que el proceso administrativo tiene que ver una serie de mensajes “con grabaciones de alocuciones de tomas de posesiones del presidente de la República, la alocución del presidente del 8 de diciembre, con el artículo 231 de la Constitución”.   

El funcionario dijo que el medio tendrá el derecho constitucional a la defensa y al debido proceso, y que de evidenciarse que incurrió en violaciones de la ley del sector podría ser sancionado con una multa que ascendería “hasta el 10 por ciento de los ingresos brutos percibidos por el canal de noticias en el ejercicio fiscal del año anterior”, o “72 horas de cierre”.   

El presidente de Conatel descartó que exista alguna relación entre el proceso que abrió Conatel y el anuncio que hizo más temprano el presidente de la Asamblea Nacional, diputado oficialista Diosdado Cabello, quien durante un acto político en el estado central de Aragua afirmó que el organismo regulador debía abrir a un proceso a Globovisión por la “manipulación de la verdad” y por tratar de crear “zozobra en la población” por la situación planteada en el país por las complicaciones de salud que enfrenta Chávez tras la reincidencia del cáncer. “Es simplemente una mera coincidencia”, agregó.   

Ricardo Antela, consultor jurídico de Globovisión, declaró a la prensa que Conatel alega que cuatro mensajes difundidos en los últimos días, que incluían texto de la Constitución sobre la juramentación del presidente electo y viejas declaraciones de Chávez y el vicepresidente Nicolás Maduro, incitan a la “zozobra”, a la “alteración del orden público” y a la “intolerancia por razones políticas”.   

Antela dijo que como parte de la acción se le prohibió al canal difundir los cuatro mensajes o cualquier versión parecida, hecho que consideró como acto de “censura previa”.   

El abogado expresó que con este proceso Globovisión corre el riesgo de que sea suspendida por 72 horas o que se decida la “revocatoria definitiva” de la licencia, invocando la reincidencia del canal en la comisión de hechos ilícitos.   

“No hay que descartar el momento político”, dijo Antela, quien opinó que la medida busca “intimidar” a Globovisión y a los medios ante la “crisis institucional” que enfrenta el país por las complicaciones de salud de Chávez, quien permanece en Cuba y que en la víspera pidió al Congreso un permiso para no asistir a su acto de juramentación, solicitud que fue aprobada de inmediato.   

El jurista afirmó que la medida de Conatel guarda coincidencia con una declaración que emitió Cabello más temprano.   

La vicepresidenta de Globovisión, María Fernanda Flores, dijo a la televisora que la acción de Conatel representa un “atentado contra la libertad de expresión”.    Flores informó que el canal había decidido suspender los cuatro mensajes relacionados con la Constitución luego que el Tribunal Supremo de Justicia decidió este miércoles que estaba ajusta a la Constitución el permiso que recibió Chávez en la víspera de la Asamblea Nacional para no asistir a la toma de posesión el 10 de enero y que el gobernante podría juramentarse más adelante luego de superar sus problemas de salud.   

En junio pasado Conatel abrió un séptimo proceso contra Globovisión, que culminó en la imposición de una multa millonaria, por difundir mensajes que supuestamente incitaron a la “zozobra” durante el motín en la cárcel central de El Rodeo.   

Conatel y otros entes, como el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat) y la Fiscalía General, han abierto procedimientos contra Globovisión por evasión de impuestos y la difusión de informaciones relacionadas con protestas, temblores y declaraciones contra Chávez. Conatel tiene acumulados ocho procesos contra el canal de noticias por presuntas violaciones a la ley que aún están a la espera de decisión definitiva.   

El gobierno de Chávez ha mantenido unas relaciones tirantes con Globovisión, al que ha acusado de apoyar el fallido golpe de 2002 y de difundir “mentiras” contra el gobierno.   

El presidente del canal, Guillermo Zuloaga, y su hijo se mantienen fuera del país desde mediados de 2010 luego que un tribunal local ordenó su captura para procesarlos por el presunto almacenamiento irregular de 24 vehículos.   

Zuloaga, quien ha denunciado que es un perseguido del gobierno de Chávez, solicitó el año pasado asilo en Estados Unidos.   

La orden de captura de Zuloaga coincidió con la intervención del Banco Federal, que era propiedad del banquero Nelson Mezerhane, accionista minoritario de Globovisión, quien atribuyó la acción contra el banco como una represalia por la línea editorial de la televisora.   

El gobierno ha rechazado el señalamiento del banquero y ha asegurado que se cometieron irregularidades.   

Globovisión se convirtió en 2010 en el único canal opositor a Chávez después de que otra televisora, RCTV, fue obligada a retirarse tanto de la televisión por cable como vía satélite.   

En el país funcionan además las estaciones privadas Venevisión, Televen, Canal I y La Tele, todas de tendencia neutra, mientras que el gobierno maneja de forma directa otros cuatro canales más la cadena regional de noticias Telesur.