CARACAS. El gobierno venezolano dejó en libertad a dos activistas de oposición presos desde hace más de un año, uno de ellos ciudadano español, a medida que el presidente Nicolás Maduro busca aliviar la presión internacional luego de meses de inestabilidad.
Yon Goicoechea y Delson Guarate salieron en libertad el viernes por la noche de una cárcel de Caracas, pero siguen estando sujetos a restricciones de movimiento y de expresión, informó la cooperativa de abogados Foro Penal. «Estoy en libertad!!», escribió Guarate en un breve mensaje en su cuenta de Twitter.
El gobierno de Maduro ha liberado gradualmente a unos 15 opositores por semana desde que consolidó su poder tras la elección de una asamblea constituyente en julio, de acuerdo con Foro Penal.
Líderes de la oposición respaldados por varios gobiernos extranjeros exigen desde hace más de un año la puesta en libertad de prisioneros políticos como condición previa para sostener conversaciones con el gobierno, pero Alfredo Romero, director de Foro Penal, dijo que las últimos liberaciones son solo una medida cosmética de Maduro para calmar a sus críticos en el extranjero ahora que ha disminuido el movimiento de protesta, al que se atribuyen más de 120 muertos.
Romero dijo que el número de activistas encarcelados en Venezuela apenas superaba los 100 cuando Maduro asumió el poder en 2013, pero que ese número se disparó a 676 en el auge de las protestas antigubernamentales contra la asamblea constituyente en julio.
Romero dijo que las puestas en libertad no pueden ser vistas como una negociación del gobierno con la oposición para obtener algo a cambio. Dijo que reflejan el alto costo político de tener un número tan elevado de presos políticos.
No hubo reacción inmediata del gobierno, pero las autoridades han negado desde hace mucho tiempo que retengan presos de conciencia y han acusado a sus opositores de trabajar con Estados Unidos para sabotear la economía venezolana y allanar el camino para la expulsión del líder socialista mediante un golpe de Estado.
Al poner en libertad a sus opositores, el gobierno dijo que quiere crear las condiciones para el diálogo y la reconciliación bajo la autoridad de la asamblea constituyente, que está compuesta enteramente por partidarios del gobierno después de que la oposición boicoteara las elecciones para elegir a sus integrantes.
Goicochea, de 32 años, había sido líder de movimientos estudiantiles de protesta antes de dejar Venezuela en 2013 para estudiar en la Universidad de Columbia.
Regresó a su país en 2016 para ayudar a organizar un referéndum revocatorio contra Maduro, pero el esfuerzo se vio interrumpido cuando fue detenido en su coche por la agencia policial Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y luego acusado por el líder del partido socialista Diosdado Cabello de transportar explosivos.
Se le concedió la ciudadanía española a Goicoechea estando en prisión, hace más de un año. Los ex primeros ministros Felipe González y José María Aznar participaron en su defensa legal.
Según los críticos del gobierno, su caso es un ejemplo de la caída de Venezuela hacia la dictadura después de que Sebin ignoró la orden de un juez emitida hace más de un año para ponerlo en libertad.
Guarate, el alcalde de una pequeña ciudad del estado de Aragua, fue arrestado en vísperas de una manifestación en Caracas en 2016 bajo sospechas de financiar el terrorismo y conspiración.
Tanto Goicoechea como Guarate son miembros del partido Voluntad Popular fundado por Leopoldo López, quien había sido el activista encarcelado más prominente de Venezuela hasta que fue liberado y puesto bajo arresto domiciliario a principios de este año.
López fue sentenciado a 13 años de cárcel por delitos de incitación a la violencia relacionados con protestas antigubernamentales en 2014, hecho que fue ampliamente condenado por Estados Unidos y otros gobiernos como un juicio político de exhibición.