CARACAS. AP. Muchos detractores del presidente Hugo Chávez recelan que esté garantizado el secreto del voto en Venezuela, particularmente en los comicios presidenciales de octubre cuando se utilizarán por primera vez maquinas de votación que serán activadas por un dispositivo lector de huellas digitales.  

Paradójicamente, empero, uno de los mayores defensores del sistema es la coalición que apoya al principal contendor de Chávez, Henrique Capriles: temerosa de que una alta abstención atente contra sus posibilidades de triunfar el 7 de octubre, ésta insiste que el mecanismo de voto es justo y digno de confianza.  

“Aunque el voto era secreto antes de Chávez, uno podía decir sin temor por quién votó, ahora por las amenazas y la discriminación pocos nos atrevemos a decirlo, sobre todos los que dependen de un trámite o trabajito en el gobierno”, dijo Jacqueline Rivas, una ama de casa de 46 años, quien admitió que tenía sospechas sobre las máquinas.  

“Si la huella pone a funcionar la máquina (de votación), ¿cómo uno sabe que no queda grabado por quién votó?”, añadió.  

Muchos venezolanos desconfían del sistema automatizado de votación que se utiliza desde 2004, cuando se eliminó por ley la votación manual.  

La desconfianza se extiende a los directores del Consejo Nacional Electoral, quienes en su mayoría provienen de las filas del oficialismo. Se ha acusado a Chávez de copar las instituciones como el Tribunal Supremo, el organismo electoral y la Fiscalía con funcionarios leales a su gobierno; así como de ejercer una influencia indebida en el poder judicial y utilizarlo para combatir a sus adversarios, cargos que niega el mandatario.  

Los detractores del presidente también se quejan que el consejo no toma medidas para limitar el uso frecuente de Chávez de las “cadenas”, que obligan a todas las televisoras y radios locales a interrumpir sus programas y transmitir los discursos del mandatario, que suelen prolongarse por varias horas, en los que resalta su gestión y suele descalificar a los opositores.  

La ley que limita la difusión de mensajes electorales pagados a un máximo de tres minutos diarios no se aplica a las “cadenas”, que son prerrogativa del gobierno.  

Las autoridades electorales rechazan las denuncias de que el sistema sea susceptible a manipulaciones y no garantice el secreto del voto; pero a la par parecen animar ese recelo en una campaña institucional donde afirman que el funcionamiento de las maquinas es “indivisible”.  

Eso aviva las preocupaciones acerca de que es posible compaginar el voto con la identidad del elector y que esos registros puedan ser usados posteriormente para discriminar y castigar a los que voten en contra de Chávez, que asumió el mando en 1999 y busca una tercera reelección para alargar su mandato al menos hasta el 2018.  

Sin embargo, la presidenta de la comisión electoral del bloque opositor, Teresa Albanes, afirmó que las críticas al sistema electoral vienen principalmente de “sectores radicales que no creen que se pueda salir del señor presidente por la vía electoral y alimentan las dudas de que hay algo irregular en el sistema electoral”.  

“Más allá del sistema automatizado y otros factores, no tenemos ninguna duda de que si tenemos una abstención baja y presencia de testigos en todas las mesas electorales vamos a ganar”, expresó.  

Algunos opositores, como el ex embajador ante las Naciones Unidas y severo crítico del gobernante, Diego Arria, llaman al CNE como “el Ministerio de Elecciones de Chávez”. Alerta que esas dudas podrían crear conflictos eventualmente en los próximos comicios presidenciales.  

“Yo sigo viendo al Consejo Electoral como el Ministerio de Elecciones del señor Hugo Chávez, no es un verdadero arbitro, es un organismo tecnológicamente muy sofisticado que tiene una gran capacidad de intimidar al elector”, dijo Arria a la AP.  

Algunos venezolanos temen que se repitan acciones de persecución política como las denunciadas luego de que se hizo pública una lista con firmantes del pedido de un referendo para recortar el mandato de Chávez en el 2004.  

Cientos de personas denunciaron que tras aparecer en la llamada “Lista Tascón” fueron despedidos de sus cargo en empresas públicas y se les impidió contratar con el Estado.  

En abril del 2005, Chávez admitió la existencia de la referida lista y ordenó a sus seguidores “olviden la lista de firmantes de (el ahora fallecido ex diputado) Luis Tascón, entierren los datos de quienes apoyaban un revocatorio”.  

Las dudas sobre la imparcialidad de las autoridades electorales se viene profundizando desde el 2000, año en que se renovaron todos los poderes en el marco de la nueva constitución de 1999.  

“Haciendo uso abusivo de su mayoría en la Asamblea (Nacional), aquí se ha venido nombrando a dedo desde los miembros del Tribunal Supremo de Justicia hasta los directores del CNE”, dijo el secretario general del partido opositor AD, Henry Ramos Allup.  

“El hecho que una mayoría de los rectores (del CNE) representan a un sector no da tranquilidad ni garantiza la más elemental imparcialidad que requiere cualquier elección popular”, agregó.  

También algunos dudan de la imparcialidad del poder judicial para dirimir cualquier disputa electoral.  

La desconfianza en el CNE se nutre además del hecho que el actual jefe de campaña del mandatario y alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, era el presidente de ese organismo en el 2006, cuando Chávez buscó la reelección por segunda vez.  

En la presidencia del CNE, Rodríguez fue blanco permanente de las críticas de grupos opositores, que lo acusaron de ser parcial hacia Chávez. El funcionario dijo entonces que las denuncias eran “falsas” y tenían el propósito de desacreditar el sistema electoral.  

Las elecciones legislativas de diciembre del 2005, organizada durante la gestión de Rodríguez, fueron manchadas por el retiro de los principales partidos opositores que argumentaron falta de transparencia en el proceso. En consecuencia, los aliados al presidente Chávez lograron la totalidad de los 167 escaños de la Asamblea Nacional.  

En diciembre del 2006, Chávez fue reelegido por abrumadora mayoría para gobernar el país hasta el 2013 y un mes después de su reelección, el gobernante anunció la designación de Rodríguez como su nuevo vicepresidente, cargo que dejó en el 2008 para postularse como alcalde en uno de los cinco municipios capitalinos.  

Tibisay Lucena, presidenta del Consejo y otrora estrecha colaboradora de Rodríguez, recalcó recientemente que “el proceso electoral venezolano es uno de los más auditados del mundo… tenemos controles que hace imposible cualquier intento de vulnerar la voluntad popular”.  

Los comicios venezolanos, aunque son 100% automatizados, contemplan el conteo manual de las papeletas que expiden las maquinas registradoras de votos electrónicos, y mediante un sorteo estos son comparados con los resultados electrónicamente transmitidos.  

Lucena también rechazó la posibilidad de que se pueda violar el secreto del voto por vía de las máquinas lectoras de huellas.  

Un puñado de voces en la oposición y algunos activistas de los derechos políticos advierten sobre otras anomalías.  

La ONG Súmate, que promueve el ejercicio de los derechos políticos en Venezuela, denunció que la falta de millones de huellas y la circunstancia de que muchas de las ya existentes, no cuentan con la calidad adecuada, eventualmente podrían convertir a las captahuellas en un factor de perturbación el día de las elecciones.  

Aunque el CNE ha tomado medidas para garantizar el voto de aquellas personas cuyas huellas sean rechazadas o presenten problemas de lectura tras cumplir un paso burocrático adicional, “inevitablemente esto ocasionará retrasos en un número indeterminado de las 39.322 mesas electorales, emplazadas en 13.810 centros de votación”, dijo recientemente la ONG en un comunicado.  

Súmate ha exigido al CNE informar cuanto antes al país si ya tienen la totalidad de las huellas de los 18.903.143 electores registrados para votar en los comicios del 7 de octubre, y cuántas de ellas carecen de la calidad requerida.  

Súmate considera que “la única salida saludable es la desincorporación de las nuevas captahuellas”.   Tania D’Amelio, miembro del directorio del CNE, admitió que “casi dos millones de personas han tenido inconvenientes con las huellas”, por lo que se dispuso hasta el 22 de julio un operativo para atender en varias regiones del país a las personas afectadas y “sanear los registros dactilares”.  

Alfredo Weil, ex director general de sistemas electorales del organismo comicial venezolano, dijo a la AP que la oposición “necesita abordar todos esos problemas en el sistema electoral”, pero “evita discutirlo por temor a que la gente se vaya a abstener”.  

Chávez, de 57 años y que desde hace un año lucha contra el cáncer, sigue al frente en las preferencias del electorado, según las principales encuestas. La enfermedad no ha hecho impacto en su popularidad.   El líder izquierdista mantiene un apoyo a su gestión alrededor de 60%, de acuerdo a una encuesta de la firma Datanálisis.  

El sondeo además reveló para junio una intención de voto de 46,1% para Chávez, 30,8% para Capriles y 23% de indecisos.  

La encuesta se realizó del 14 y 23 de junio entre mil 300 personas y tiene un margen de error de 2,72%.  

Capriles, un abogado de orientación centroizquierdista de 40 años, es considerado como el rival más fuerte que ha enfrentado el gobernante en más de una década.