A P 
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, sostiene una imagen de unos tuits durante una conferencia de prensa el lunes 4 de mayo de 2020 sobre lo que el gobierno dice fue un intento fallido de invasión el fin de semana con el que se pretendía derrocar al presidente Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Matías Delacroix)
CARACAS La oposición venezolana reaccionó con cautela a la detención de 11 personas en el centro del país, incluidos dos estadounidenses que las autoridades vincularon a la fallida incursión por mar ocurrida el fin de semana, mientras se intensifican los señalamientos que comprometen al líder opositor Juan Guaidó.
Sin hacer mayores comentarios sobre el caso Guaidó exigió la noche del lunes, a través de un comunicado de su oficina de prensa, respeto a los derechos humanos y garantías fundamentales de las personas capturadas que han sido vinculadas a la llamada “Operación Gedeón”.
En el escrito señaló que tanto el Comisionado de Derechos Humanos nombrado por el líder opositor así como las comisiones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, activarán los “mecanismos de presión internacional” para la búsqueda de la justicia y evitar situaciones de tortura y tratos crueles, tal como han reportado en el pasado diferentes organizaciones humanitarias locales y extranjeras.
“Nuestro país no merece vivir una zozobra constante por la vida de los venezolanos”, refirió el comunicado.
El mandatario Nicolás Maduro anunció el lunes que las fuerzas de seguridad, con el apoyo de pobladores, capturaron en el centro del país a 11 hombres señalados de estar vinculados a la frustrada incursión marítima ocurrida el domingo en el estado costero de La Guaira que dejó ocho fallecidos y al menos dos detenidos.
El presidente venezolano Nicolás Maduro.
En una alocución desde el palacio presidencial, que se extendió por más de una hora, Maduro acusó de manera directa a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia y a la oposición venezolana de estar involucrados en la frustrada incursión que supuestamente tenía como objetivo su asesinato.
El gobernante dijo que entre los detenidos estaban Airan Berry y Luke Alexander Denman, a los que identificó como supuestos “miembros de la seguridad” del presidente estadounidense Donald Trump y mostró los pasaportes de los dos hombres.
“Llevamos 13 terroristas” en custodia, la mayoría de ellos militares venezolanos retirados y desertores, incluidos varios de sus cabecillas, y “a esta hora que estamos hablando se está dando la persecución” de otros, precisó Maduro.
El gobernante afirmó que un asesor estadounidense mostró la noche del domingo los “contratos firmados por la oposición venezolana” para “asaltar Venezuela e intentar matarme”.
El ex boina verde Jordan Goudreau, quien se ha adjudicado la responsabilidad de la operación, dijo que firmó un contrato con Guaidó para derrocar a Maduro, acusación que ha sido rechazada por el líder opositor.
Goudreau señaló que Guaidó nunca cumplió el contrato pero el ex boina verde siguió adelante con la operación con sólo 60 hombres, incluyendo los dos veteranos estadounidenses.
El líder opositor descartó tener relaciones o responsabilidad alguna con el accionar de la empresa SilverCorp, que ha sido relacionada con Goudreau.
A los señalamientos contra el también jefe de la Asamblea Nacional se sumó el fiscal general, Tarek William Saab, estrecho aliado del gobierno, quien afirmó el lunes que al dirigente opositor “la justicia más temprano que tarde le va a llegar”.
Como prueba de su acusación Saab dijo a la prensa que había un contrato en el que aparecían las firmas de Guaidó, del congresista opositor Sergio Vergara, que huyó del país, el publicista J. J. Rendón y Goudreau. “Imagínense ustedes hacer política ya a través de mercenarios”, agregó.
Al caso ha sido vinculado también el mayor general retirado Cliver Alcalá, un excolaborador militar del oficialismo que se entregó en marzo en Colombia a las autoridades estadounidenses poco después de que fuera acusado por Washington de narcoterrorismo junto con Maduro, el hombre fuerte del gobierno venezolano Diosdado Cabello y otras 12 personas.
Alcalá Cordones dijo en marzo que había coordinado el traslado de un lote de armas hacia Venezuela, que fueron incautadas por las autoridades colombianas, y que el contrato de adquisición del armamento fue suscrito por Guaidó y asesores estadounidenses.
A raíz de la denuncia de Alcalá Cordones la Fiscalía General abrió una investigación a Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, por supuesto golpe de Estado y lo citó para que compareciera. Pero el dirigente no concurrió a la citación.
Venezuela se encuentra en medio de una compleja crisis económica y social que amenaza con agravarse por la pandemia del nuevo coronavirus, que ha dejado hasta la fecha 10 fallecidos y 361 contagiados.
