Venezuela reprende a Secretario OEA

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CARACAS, (AFP) – El gobierno de Venezuela exhortó este sábado al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, a retractarse por “falsear la realidad” en su solicitud al presidente Hugo Chávez de revisar el caso del canal privado RCTV, cuya concesión no será renovada en mayo próximo.

Insulza “falsea la realidad con respecto a la legitimidad de la decisión de no renovar la concesión a la emisora Radio Caracas Televisión (RCTV)”.

Así lo indica un comunicado de la cancillería, y rechaza que el gobierno “estaría cerrando un medio de comunicación”.

El secretario general “se inmiscuye indebidamente” en un asunto que compete al gobierno, señala la cancillería, y “lo exhorta a retractarse de un conjunto de expresiones que están reñidas con la verdad (…)”.

Venezuela rechazó que se trate de censura y expresó “preocupación” porque el funcionario chileno incurre “en una flagrante violación de la Carta de la Organización (…) que le impone promover y defender la democracia dentro del principio de la no intervención”.

 Insulza pidió el viernes al presidente Chávez que revise su decisión contra el canal fundado en 1953, acusado de “golpista”, por tratarse de una medida “sin precedentes en las últimas décadas de democracia” en América Latina.

El titular de la OEA manifestó consideró el caso “materia propia del ordenamiento jurídico interno de cada Estado”, pero expresó su “preocupación” por la decisión “de no renovar la concesión” al canal de TV.

Chávez anunció la decisión en un mensaje de fin de año a la Fuerza Armada.

El “cierre de un medio de comunicación masivo es un hecho muy poco común en la historia de nuestro continente, y no tiene precedentes en las últimas décadas de democracia”, enfatizó Insulza desde Washington, en un comunicado.

El gobierno acusa al canal privado de apoyar al frustrado golpe militar de abril de 2002 y -reseña Insulza- de emprender “una sistemática política en contra del proceso democrático”.

El jefe de la OEA aceptó que “se trata de acusaciones severas”, pero sostuvo la necesidad de “una pluralidad de medios”.

“Si se ha cometido algún ilícito, el camino que corresponde en democracia es acusar a los presuntos autores ante la Justicia”, planteó el diplomático.

Insulza advirtió que la medida “aparece como una forma de censura contra la libertad de expresión y, a la vez, se transforma en una advertencia a los demás (medios)”.

El gobierno esgrimió “el derecho del pueblo a estar verazmente informado” y dijo que los propietarios de esa empresa, están “entre los enemigos de la democracia (…) que han sido promotores de los vanos intentos por derrocar a un gobierno legítimo”.

La cancillería criticó que Insulza “se haga eco de infundadas acusaciones” de quienes “han estado permanentemente atentando contra las instituciones democráticas venezolanas”.

El dueño de RCTV Marcel Granier “se ha dedicado a patear los derechos de los usuarios y usuarias creyéndose por encima del estado de Derecho”, dijo este sábado el ministro de Información, William Lara, quien declaró a 2007 “año de la democratización del espectro radioeléctrico”.

Lara rebatió así las declaraciones del gobernador del Estado de Zulia, derrotado por Chávez en los comicios de diciembre, Manuel Rosales, quien calificó la decisión de “zarpazo a la democracia”. Chávez fue reelecto en diciembre con 63% de votos, pero sus críticos afirman que ha ido demasiado lejos al acumular un considerable poder en manos de su gobierno.

“Detrás de esto están 200 emisoras de radio que también están en la mira del gobierno”, dijo Rosales.

La Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas con sede en Nueva York también han expresado su preocupación por la medida.

El gobierno asegura que la decisión es “ética, legítima y legal” con base en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV, vigente desde 2004, calificada de “Ley Mordaza” por la oposición.

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