CARACAS (AFP).- Venezuela rindió este sábado honores de Estado al fiscal asesinado en un atentado con bomba en Caracas, que investigaba el fallido golpe de Estado en 2002 contra el presidente Hugo Chávez, quien ha jurado hacer «todo lo posible» para hallar a los autores del crimen.

   Chávez encabezó una sesión solemne en la Asamblea Nacional (AN, Legislativo) junto a demás titulares de los poderes públicos que rindieron honores póstumos ante el féretro del fiscal, cubierto con la bandera venezolana y escoltado por militares.

   Tras la sesión especial en la AN, los restos del funcionario público fueron enterrados en un sentido homenaje por centenares de personas, entre ellas altos funcionarios del gobierno, en un cementerio capitalino.

   Anderson, de 38 años, fue asesinado la noche del viernes al detonarse una bomba en el vehículo en que se desplazaba, generando el rechazo unánime de la polarizada sociedad venezolana y una condena internacional que calificó el acto de «terrorista».

   El Fiscal General, Isaías Rodríguez, orador de la sesión especial, dijo que «están bastante adelantadas» las investigaciones sobre el asesinato y prometió ejercer justicia al crimen.

   «Hemos encontrado en algunas celdas de teléfonos informaciones que pudieran ser bien importantes para localizar al responsable del asesinato del fiscal», aseguró.

   «Prometo hacer todo cuanto este a mi alcance como Fiscal General de la República para encontrar a los culpables del crimen y para hacer esa justicia, que pedían las personas que acompañaban el féretro de Danilo Anderson», añadió Rodríguez visiblemente emocionado.

   Enfatizó que los responsables del atentado son «una insignificante minoría de pillos inadaptados», contrarios a la democracia venezolana y que deben ser buscados «hasta debajo de las piedras».

   El presidente venezolano habló el viernes en una alocución nacional en la que juró hacer «todo lo posible» para hallar a los autores del atentado con bomba, el primero de tinte político que conmociona al país sudamericano en décadas.

   «Juro que haremos todo lo que legalmente haya que hacer para dar con los autores materiales y, más allá, los autores intelectuales de este hecho,» aseguró el gobernante acompañado de ministros.

   Chávez advirtió que no se impondrá una «agenda de violencia» en Venezuela, pues recordó que el país comenzaba a superar una grave crisis política tras el golpe de Estado y en un paro opositor de dos meses que paralizó la industria petrolera local.

    El gobierno venezolano decretó el viernes tres días de duelo por el asesinato y confirió al fiscal la Orden Libertador, una de las más altas distinciones en Venezuela.

   La AN, por su parte, logró un acuerdo contra el «terrorismo» y la violencia en el país.

   Anderson encabezaba la investigación sobre unos 400 opositores que apoyaron el decreto que diluyó todos los poderes públicos firmado por el efímero gobernante de facto, Pedro Carmona, durante el golpe que separó a Chávez por 47 horas del poder en abril de 2002.

   También se encargó de investigar a otros espinosos casos contra opositores, quienes lo acusaron de ser «el brazo ejecutor» del oficialismo en el Ministerio Público.

   Acusó y logró encarcelar por varios meses al alcalde opositor Enrique Capriles por ataques a la embajada de Cuba en Caracas durante el golpe de 2002.

   Anderson se hizo asimismo célebre por acusar a varios partidarios de Chávez que dispararon durante la manifestación del 11 de abril de 2002 que preludió el golpe y que luego salieron en libertad.

   También llevaba los casos contra policías metropolitanos que dispararon a manifestantes el 11 de abril de 2002, contra el opositor ex alcalde Metropolitano Alfredo Peña y la directiva de la fuerza policial que éste dirigía, como presuntos autores intelectuales de los disparos de ese día que dejaron una veintena de muertos.

   Tras el atentado contra Anderson, Chávez suspendió su viaje el viernes a Costa Rica, donde debía asistir a la XIV Cumbre Iberoamericana.

   Los mandatarios participantes en esa cumbre condenaron el atentado contra el fiscal venezolano.

   El vicepresidente José Vicente Rangel atribuyó el viernes a «terroristas y fascistas» la muerte del fiscal, y acusó a Estados Unidos de permitir que radicales antichavistas en el estado de Florida se pronuncien «con libertad» para derrocar al gobierno.