Cuando un pensador profundo compenetrado con la mentalidad y la idiosincrasia de los dominicanos como el historiador y ensayista Manuel Arturo Peña Batlle habló de que el nuestro es un país insólito, probablemente no podía imaginarse cómo este diagnóstico se mantendría en el tiempo como un rasgo atávico por un sinnúmero de comportamientos y circunstancias.
Aunque algunos tiendan de algún modo a cuestionar esto por considerarlo parte de una corriente de pensamiento fatalista, contraria al optimismo que debe servir de motor para contrarrestar males, lo cierto es que con frecuencia se observan hechos y situaciones que tienen un innegable carácter insólito.
Son muchos los eventos de este tipo que vemos de tiempo en tiempo y que discurren en aspectos disímiles, contradictorios e inexplicables de la sociedad y que -quizás por una suerte de insensibilidad y de falta de asombro o reacción firme y responsable frente a lo raro, extraño y desacostumbrado- vemos cómo se repiten y buscan afianzarse entre la indiferencia, complicidades y la falta de una aplicación estricta de la ley que facilita acciones dolosas y un manto de impunidad.
Un ejemplo reciente lo tenemos con la venta a granel de un polvo ofertado como leche y que, según se ha podido establecer, no es tal alimento sino una sustancia cuyo consumo pone en riesgo la salud y que, por tanto, debe estar terminantemente prohibida, como ha dispuesto Pro Consumidor, luego de observar los análisis de laboratorio.
El hecho de que se haya tenido que insistir en la erradicación de semejante peligro en una inmensa masa de consumidores y que al parecer aún persiste, aunque en menor grado con relación a semanas recientes cuando se hicieron las primeras advertencias, indica claramente que estamos ante una operación fraudulenta a gran escala en la que se mueven fuertes intereses económicos.
Aunque siempre es preferible tarde que nunca, se impone investigar y establecer para evitar la repetición de casos similares en otros productos alimenticios, dónde están fallando los mecanismos de control y supervisión, a tal punto que sólo son detectados cuando ya han alcanzado una amplia distribución en el territorio nacional.
Como ha explicado Pro Consumidor, la prohibición fue adoptada para evitar que a través del consumo se puedan contraer bacterias causantes de enfermedades gastrointestinales y con tal propósito realiza un trabajo en conjunto con el Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Aduanas, a fin de prevenir la introducción al país de productos sin registro sanitario y etiquetado en español.
Es obvio que estamos frente a una práctica a todas luces anómala y criminal, como ocurre con la venta de medicamentos falsificados y vencidos, por lo que amerita una vigilancia permanente que no se limite a declaraciones de prensa y reacciones mediáticas y de alcances sólo episódicos.
Ante la deficiente en controles sanitarios y la incalificable actitud de comerciantes inescrupulosos que persiguen el lucro sin importar los males que puedan generar, es la población consumidora, especialmente la de escasos recursos, la que debe mantenerse alerta y debidamente informada, porque debe ser la principal garante y protectora de su salud.
En vista de que en este país todavía tenemos grandes debilidades en la aplicación de un sistema de consecuencias, hay temores de que no se apliquen sanciones ejemplarizadoras a aquellos comerciantes que hayan tenido claro conocimiento del subproducto servido a la población y de sus perjudiciales componentes.
Consumidores, industriales y ganaderos figuran entre los afectados por este comercio impulsado por insaciables mercaderes a quienes no les importa la suerte ajena. ¿Cuándo contaremos aquí con un efectivo mecanismo que garantice, en todas las áreas, que los derechos, el interés general y la protección colectiva no puedan ser vulnerados?