Dejar sin efecto la venta del 47 por ciento de las acciones que en Rahintel Antena Latina, canales 7 y 21 posee el Estado dominicano, puede ser el inicio de un proceso que permita recuperar decenas de empresas que hoy se encuentran en manos de particulares, adquiridas por el sector privado a través de medios que aún se cuestionan.
La tradición de estafar al pueblo dominicano con la expropiación de sus empresas públicas no es un tema reciente, de hecho, el tirano de San Cristóbal dejó a la hora de su muerte más de 35 empresas operando de forma eficiente, con una fortuna que superaba los 300 millones de dólares, sin embargo, hoy notamos que descendientes de figuras coetáneas al dictador, lacayos o adversarios suyos, son propietarios de las referidas estructuras empresariales.
El mecanismo utilizado es de fácil interpretación: desde la administración pública, funcionarios inescrupulosos fungen de entes facilitadores del voraz sector privado e inician la ejecución de un plan estratégico que culminaría con la venta de las acciones del Estado a precio de ‘vaca muerta’. Este plan siempre tiene una etapa inicial: Desmejorar profundamente la calidad de la empresa estatal, dejando de dar el mantenimiento a las instalaciones, reteniendo los pagos por concepto de servicios prestados al Estado, en definitiva, quebrando la empresa para así, justificar luego su venta por montos irrisorios.
La comisión del Senado de la República que tiene a su cargo el estudio de la venta de las acciones del Estado en Rahintel, ha asumido una posición muy responsable y a la vez comprometedora, pues no se ha limitado a acoger el dictamen de la comisión liquidadora de los bienes del quebrado banco Baninter, sino que pretenden llegar más allá de lo que hasta ahora conocemos.
Ojalá la Cámara Alta amplíe el apoderamiento de la mencionada comisión a los fines de que ésta pueda investigar también las ventas de otras frecuencias de radio y televisión realizadas en el país y que a todas luces no han favorecido el interés nacional.