La decisión de Salud Pública de controlar las ventas callejeras de los productos alimenticios que se venden al público es una buena decisión. La calidad de esos alimentos debe ser controlada y garantizada, cosa que hoy dicta mucho de ser así.

Pero ese control debe extenderse hasta el origen de los alimentos ya que muchas veces estos se procesan y se preparan estando en malas condiciones.

Son muchos los casos de enfermedades gastrointestinales que se adquieren comprando comida en las calles. A muchos de nosotros no nos falta el deseo de ingerir un chicharrón de cerdo o una carnita frita con tostones en una esquina cualquiera. O tomarse un jugo de frutas de un vendedor ambulante. Pero de inmediato, alguien te advierte “cuidado, que eso te envenena”. Puede que sea un exceso, pero los frecuentes casos de intoxicación y otras enfermedades afines que estos alimentos producen, obligan a un estricto control de estos  establecimientos.

No hay que ser un genio para darse cuenta que ese descontrol está ocasionando serios problemas de salud que nadie se percata de su origen.

Lo sabe el que lo sufre pero no se investiga a fondo su origen ni se recogen estadísticas de su magnitud para cuantificar el daño que esto produce.

Esta situación se agrava más en los barrios pobres, donde muchas personas se alimentan casi a diario de estos establecimientos, incluyendo niños. Es visible la falta de higiene y el uso de aceites y productos, que de lejos se ven en mal estado.

La falta de energía también agrava ese problema ya que los lugares de expendio de estos productos, especialmente los mercados donde compran los vendedores ambulantes,  no disponen de los medios para mantener congeladas las carnes y vegetales. Hasta grandes colmadones tienen que tirar a la basura muchos productos por falta de refrigeración. Lo mismo sucede en las casas de familia que no tienen plantas de emergencia.

El problema es cómo Salud Pública establecerá esos controles. Con cuál personal contará y qué otras instituciones estarán involucradas. Porque la proliferación de estas ventas ambulantes en todo el país ha llegado a niveles casi incontrolables. Por esa razón, un primer paso sería regular los lugares de expendio y concentrarlo por área o zona, ya que en ciertas cuadras de la capital aparecen como 20 vendedores ambulantes de alimentos.

Esa concentración permitiría que estos establecimientos dispusieran de medios para refrigerar los alimentos ya sea crudo o cocinado. También facilitaría los controles que quiere imponer correctamente Salud Pública.

El otro problema es el control de los productos vencidos que se venden al público, y eso ocurre hasta en Supermercados. La práctica de bajar precios a productos que caducan en pocos días o que ya han caducado, debe ser erradicada.

Finalmente, hay lugares de expendio de comida no callejera, que tampoco ofrecen ninguna garantía de calidad al consumidor, los que también deben ser sometidos a esos controles. 

La tarea de Salud Pública en esta materia es muy grande  y necesita de otras ayudas.