Se ha usado la benevolencia de llamar “desaprensivos” a los que se roban las tapas del alcantarillado pluvial para venderlas a compradores de metal, exponiendo a ciudadanos al riesgo de caer y ser arrastrados por corrientes de lluvia o dañar las llantas de vehículos que posteriormente pueden tener accidentes fatales.

Se dice que el fallo estructural del puente que se repara en Haina, cuyo cierre ha producido un molestoso desvío, fue provocado por  la falta de barras de metal que fueron robadas de uno de sus soportes, también para venderlas.

Los que roban cables telefónicos crean incomunicación entre las personas con urgencias y quienes deben auxiliarlos y es lógico suponer que en muchas ocasiones los desenlaces han sido funestos. Sin embargo, cuando se trata de analizar las consecuencias de un acto deliberado, programado, malicioso e injustificado de daño a la sociedad, nadie puede calcular el alcance trágico a corto y largo plazo de los apagones que, como todos sabemos, obedecen a razones económicas fríamente valoradas por las “edes” o empresas distribuidoras de electricidad.     

La falta de energía sorpresiva y anárquica, provoca detención abrupta de servicios como los semáforos, la preservación en buen estado de medicamentos y alimentos, la comunicación de urgencia, visibilidad nocturna en calles y avenidas y verdaderos “tranques” o súper urgencias en instituciones hospitalarias donde una cirugía debe detenerse o continuar con luz improvisada, exponiendo a pacientes y médicos a desagradables consecuencias.

Al día de hoy nadie ha cuantificado con exactitud los daños reales de los apagones en nuestro país, pero sería interesante comenzar a llevar a la justicia a quienes están cometiendo este crimen de lesa humanidad en la República Dominicana.