Las verdades que desvelan estas líneas bien pudieran-es un decir-, ser ratificadas por todos los diputados a modo de proemio de su rendición de cuentas. Entre esas verdades hay que hacer constar algunas iniciativas legislativas favorables al país.  Autores de ellas lo fueron, casi exclusivamente, legisladores de distinto signo partidario.

Ahora bien, como contraste y para desesperanza nacional, existen otras verdades. En efecto, el Presidente de la República no ha tenido reparo permitiéndose engrosar hasta la obesidad la agenda legislativa con asuntos por demás perjudiciales para el patrimonio y la soberanía nacionales.  Sometidos al conocimiento del plenario, algunos diputados alzamos la voz para oponernos a tanta incontinencia antipatriótica. Y lo hicimos exhortando a la bancada del Partido de la Liberación Dominicana a desestimar el exceso de fidelidad al Presidente de la República y enfatizándole que las esencias fundacionales de su partido le debería llevar al rechazo de proyectos tan desdeñosos del interés general.   No carece de sentido pensar que esa fidelidad tiene un íntimo maridaje con el envanecimiento que puede estimular saberse posesor de una mayoría “aplanadora”. Es decir, sin una sana conciencia ciudadana el olvido de los principios, el adocenamiento interesado, puede acarrear el menosprecio de la defensa de la soberanía nacional y la creación de incentivos para una todavía mayor corrupción.

Paralelamente, en las reuniones del bloque de diputados del Partido Revolucionario Dominicano, convocadas para definir una actitud unitaria frente a esos asuntos, frecuentemente se torna realidad el rumor de que el hombre del maletín sabe aprovecharse de la raquítica moral de uno que otro “compañero” para auspiciar felonías.

Pero vamos, pues, a esos asuntos, a esas verdades que de manera puntual han colmado las agendas de la Cámara de Diputados en las legislaturas que se enmarcan entre el 16 de agosto de 2010 y el 16 de agosto de 2011.  De esas agendas ha salido agravada la deuda interna con 32,000 millones en bonos destinados “al pago” de  acreedores del Estado. Es decir, miles de millones de oportunidades para la corrupción. Sesión tras sesión se han venido aprobando préstamos con la banca y consorcios privados. Las condiciones en que son convenidos despiden una tufarada de perversión que corta el aliento.  Los concernientes al Metro son, entre otros, de los más pestilentes. Sesión tras sesión se avalan montones de ventas de bienes del Estado, sobre todo tierras del CEA, algunos de ellos a precios tales que despiertan  suspicacia de cohecho. Sesión tras sesión se favorecen los contratos para la construcción de obras públicas, sobre todo carreteras, sin que haya faltado para esos fines un proyecto no prioritario de más de trescientos cincuenta millones de dólares, cuyo texto carecía de las explicaciones que lo justificaran, otorgado de grado a grado y sin la previsión de lógicos controles.

Toda esa necesidad de dinero no puede justificarse con el ritornelo de la culpabilidad del gobierno de hace siete años. Ni tampoco puede ser culpa de la crisis internacional ni de los precios del petróleo, puesto que en economías “blindadas”  y austeras y honestas eso no debe suceder. Violaciones a la Constitución y a las leyes, corrupción, cohecho, dinero para compra de elecciones, nepotismo, despilfarro, clientelismo desenfrenado, caprichos en la inversión pública, burla de la austeridad prometida, son los responsables de toda esa legislación orientada a alimentar el endriago gubernamental sin pudor alguno frente al porvenir de la Nación.