El cierre por tiempo indefinido de la Escuela Básica Demetrio Betances, de Simonico, Villa Duarte, debería inscribirse como la capitulación más elocuente de nuestras autoridades ante la delincuencia vulgar.

Deberíamos asimilar esta decisión como una declaración más de impotencia, de incapacidad de nuestras autoridades para cumplir el deber de proteger los derechos de los ciudadanos ante las conductas torcidas de antisociales amparados en una cuestionable minoría de edad.

Y no dudemos que esta exhibición de derrotismo y genuflexión tengamos que repetirla en el porvenir, cada vez que a cualquier delincuente, mayor de edad o menor, se le antoje aterrorizar a parte de nuestra sociedad.

El cierre de la Demetrio Betances ha sido decidido como lamentable respuesta a la agresión a palos que un adolescente de 17 años, cuyo nombre, pelos y señales, lamentablemente, deben ser reservados, contra un profesor de 52 años que cometió la osadía de corregir a otro menor.

Es una lástima que códigos y leyes impidan divulgar los nombres de delincuentes que siendo menores de edad actúan con discernimiento de adultos. A pesar de que la ley debe estar basada en principios de equidad, en el caso del Código del Menor sencillamente se autoriza echar al zafacón los derechos de las víctimas de sus agresiones.

Estamos hablando de una decisión que afecta la formación de cientos de estudiantes que quedarán sin docencia mientras dure la claudicación decretada por las autoridades de Educación, por el acto de “heroísmo” de un menor que agredió a un profesor.

II

Desde hace mucho tiempo hemos estado advirtiendo que la sobreprotección establecida a través del Código del Menor está provocando más daño que el bien que se pretendía. Esa protección es, en principio, un estimulante de la reincidencia en el delito y un arma muy poderosa al servicio de los mayores de edad que reclutan mozalbetes para incorporarlos en bandas de atracadores o traficantes de drogas.

El caso de la escuela cerrada por tiempo indefinido en Simonico, Villa Duarte, debería operar en la sociedad como un motivo de justificada alarma, porque se le está diciendo a los ciudadanos que tributan para que se les proteja que sus derechos terminan donde comienza la delincuencia.

La Secretaría de Estado de Educación debería dar explicaciones sobre esta decisión y declarar a qué se debe esta claudicación ante el asedio de delincuentillos que agreden a profesores.

Estamos sentando un precedente muy peligroso con esta actitud, pues lo que ha debido hacerse es mantener la docencia, reforzar  la protección del plantel y perseguir a los delincuentes que incursionan en el centro de estudios.

La sociedad, sus autoridades, no pueden estar retrocediendo cada vez que a la delincuencia se le antoje.

 Hay que proteger a los menores, en eso estamos de acuerdo, pero siempre y cuando esta protección no merme los merecimientos del resto de la sociedad.

La agresión perpetrada por un menor de edad contra un profesor Escuela Básica Demetrio Betances ha determinado el cierre del plantel.

¿Acaso con esa decisión le estamos diciendo a los menores que estudian en esa escuela que no estamos en capacidad de proteger su derecho a educarse?

Es como para sentir vergüenza.