La Comisión que evalúa los presos con la finalidad de recomendar sus indultos, una dependencia de la Procuraduría General de la República, es un organismo conformado por ciudadanos dignos de ser, no sólo sancionados, sino traducidos a la justicia ordinaria, por la lenidad y la ligereza con la cual procedieron en su última sesión, al conceder esa gracia extraordinaria de manera alegre, que consiste en otorgarle la libertad a un reo, sea por su buen comportamiento, enfermedad grave o por cualquier otra acción que amerite su liberación.

En los indultos concedidos con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo sin embargo, esta Comisión cometió errores garrafales que bien pudiesen ser interpretados como el resultado de una acción dolosa o del pago de un elevado «peaje» para trastocar el espíritu de rectitud, ponderación y equidad, que debe normar en este tipo de recomendación. Se afirma, que accionan en estos menesteres, individuos especializados en cambiar los nombres y las acusaciones de los presos con la intención de inducir a error a los que deben tomar tan importante decisión para la sociedad.

Es preocupante, que además de las decisiones de esta Comisión, no exista en nuestro sistema carcelario, un equipo investigador que se dedique a rectificar y comprobar si los recomendados para ser indultados corresponden a los mismos individuos que se van a poner en libertad. Al parecer, por la inexistencia de ese elemento de verificación, fue que sucedió que se otorgara el indulto a personas indignas de este perdón. Por eso, delincuentes peligrosos que debieron permanecer tras las rejas, obtuvieron un fraudulento indulto y a los pocos días de haber obtenido su libertad, atracaron, secuestraron y mataron a dos jóvenes, crimen que fue calificado «como un ajuste de cuentas», pero aunque fuese así, no justifica estos deleznables homicidios.

El hecho de tener un comportamiento ejemplar y observar buena conducta después de haber cometido un asesinato, debe ser óbice para que en menos de un tercio del cumplimiento de la condena que le fue impuesta por un tribunal, se le otorgue la libertad a un político por el hecho de haber sido un ex diputado. Por eso, los familiares del occiso impugnaron esta festinada decisión que laceró a una familia de dolientes que todavía no se han repuesto de la pérdida por motivos banales, de un ser querido.

Algunos de los que se han visto favorecidos por este «tipo de indulto» se vanaglorian de ser partidarios de la frase: «del cementerio no se sale, de la cárcel si». Por eso, están dispuestos, como es el caso que nos ocupa, de constituirse en personas de «gatillo alegre» para sesgar una vida por motivos baladíes y hasta por sumas irrisorias de dinero. Total, opinan, un tiempo en la cárcel con innumerables privilegios borrará esa baldón en una sociedad cuya opinión pública es tan endeble, que al correr de los días lo integrará de nuevo como si nada hubiese ocurrido.

El Procurador General de la República ha prometido recomponer la Comisión de marras. Sería pertinente advertirle, no sólo que depuren los nuevos miembros, si no que haya una participación mayor de instituciones y de ciudadanos meritorios libres de toda tacha o sospecha. Cualquier institución o personalidad que sea rechazada o repudiada por la opinión pública debe ser descartada de inmediato. Insistir en su permanencia, sea por su peso político o por influencias o amistad, conllevaría a cometerse los mismos errores que hoy estamos lamentando.

Afortunadamente en nuestro país todavía quedan instituciones y personas con valores morales sobrados para conformar esta nueva Comisión. El único problema consiste, en que esas instituciones e individuos quieran participar en las mismas por el grado de responsabilidad y riesgo que se corre. Los truhanes, malandrines, matones y asesinos se han adueñado de las calles. Sólo resta expresarse como lo hace el famoso Chapulín Colorado:

Y ahora ¿quién podrá defendernos?