Verificación pertinente

Verificación pertinente

La experiencia del país en materia electoral aconseja que no se escatime el mínimo esfuerzo o recurso para detectar y corregir errores o vicios en todo lo que concierna a la organización de las elecciones de mayo próximo.

Lo decimos a propósito de las declaraciones del doctor Nelson Gómez, presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE), en el sentido de que por falta de tiempo y de dinero no se hará la auditoría fotográfica que realizaría ese tribunal para revisar el «padrón» electoral.

Sabemos que las finanzas del país están muy limitadas y que una revisión a fondo de la nómina de electores para establecer si cada fotografía se corresponde realmente con el votante tendría un costo respetable. El otro factor adverso es el poco tiempo que mediaría entre el inicio de esa auditoría y la fecha de las elecciones.

-II-

Sin embargo, hay una propuesta de dos de los miembros de esa misma cámara, los doctores Rafaelina Peralta y Rafael Díaz Vásquez, que permitiría la verificación y que la nómina de votantes resulte confiable para todos. La revisión aleatoria requeriría menos tiempo y dinero que una auditoría a fondo, porque sería practicada en los nuevos electores incorporados al «padrón» desde las últimas elecciones. Lo único objetable es que excluiría a todos los votantes inscritos desde antes de las elecciones pasadas, pero siempre será más conveniente esta verificación limitada que la falta total de la misma.

En nuestro país, las grandes rebatiñas, los pataleos electorales, se han producido siempre partiendo de la poca confiabilidad de la nómina electoral.

Cuando los resultados electorales favorecen a cualquier candidato o partido con un margen reducido de ventaja, las fallas del «padrón» son el arma por excelencia para los reclamos. Conviene que eliminemos ese factor mediante una revisión, aleatoria o de cualquier otra índole, que resulte económicamente viable y técnicamente confiable.

Imprudencia

La huelga general de los días 28 y 29 de enero pasado fue una contundente demostración de fuerza y una expresión clara

del sentir que despierta en la mayoría de los dominicanos el grave deterioro de sus condiciones de vida.

Su éxito, si es que puede llamarse así a la casi total paralización de un país, estuvo garantizado por el peso de las motivaciones que sus patrocinadores plantearon y con las cuales se identificaron amplios sectores, desde la Iglesia Católica hasta los movimientos cívicos; desde los sindicatos hasta los partidos políticos.

Por cierto que fue muy juicioso por parte de los promotores de la huelga el haber dejado claro que no estaba en su pliego de demandas el pedido de que renunciara el Presidente de la República. Esto último fue una «reivindicación» política paralela, de la cual se responsabilizó un grupo comunista.

Ahora bien, tratar de repetir los hechos el 16 de marzo, como se pretende, sería una imprudencia mayúscula, empeorada porque esta vez en el pliego de demandas se incluye una que nos luce descabellada: que renuncie el Presidente.

La vigencia de las causas que motivaron la huelga anterior es innegable. Es más, algunas cosas, como el costo de la vida, han empeorado, y eso, precisamente, hace contraproducente que se convoque a una nueva sesión de pérdida de trabajo, tiempo y dinero.

En cuanto a la permanencia en el poder o salida del Presidente, quien, por cierto, apuesta a la reelección, que sea la voluntad expresada en las urnas, y no la fuerza, la que diga la última palabra. Hipólito Mejía fue electo por libérrima voluntad popular para cubrir un período constitucional que concluye el venidero 16 de agosto. Y como un solo hombre, los dominicanos tenemos que respetar esa sagrada decisión del soberano. )O es que no escarmentamos, acaso, en 1963?

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