POR DIEGO PESQUEIRA
El consejo de defensa de la empresa de telecomunicaciones Verizon acusó ayer al procurador general Tributario de retrasar el proceso judicial contra la resolución de cobro de impuestos emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), “a fin de mantener secuestrada una operación de venta que, en las circunstancias actuales, corre un gran riesgo de no realizarse”.

De esta manera refutó Verizon a la afirmación hecha por el procurador César Jazmín Rosario en el sentido de que la empresa de telecomunicaciones incurrió en “abusos procesales” al solicitar al tribunal apoderado la celebración de una audiencia para discutir fundamentos legales de recursos incoados, entre ellos la fusión de expedientes, en el período en que los jueces se encuentran deliberando.

A juicio de Jazmín Rosario este incidente implicaba un retraso de unos 30 días y aseguró que tiene preparado su dictamen sobre la litis entre el Estado y Verizon. 

“Es incomprensible e inaceptable que el procurador Tributario entienda que para conocer de esta solicitud, tan simple, tan razonable y tan justa, son necesarios 30 días.  La única razón para deliberar durante ese plazo respecto a un pedimento que no amerita mayor consideración, porque es obviamente procedente, es el deseo de continuar retrasando el conocimiento de este caso”, precisó el consejo de defensa de Verizon.

Además, los representantes legales de Verizon, solicitaron al Tribunal Contencioso Tributario ventilar el caso en audiencias públicas a fin de que el país se forme un criterio objetivo del mismo al través de la cobertura de los medios de comunicación.

El abogado Marcos Peña Rodríguez, hablando a nombre del Consejo de Defensa, explicó que el Procurador General Tributario, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, en lugar de pronunciarse sobre el fondo del asunto y poner el tribunal en condiciones de conocer el mismo, sobrepasó ampliamente el plazo de 15 días que le concede la ley para emitir su dictamen.

Agregó que en lugar de presentar su defensa, como le requiere el artículo 150 del Código Tributario, se ha limitado a solicitar una simple medida procesal “que pudo muy bien haber pedido conjuntamente con su opinión al fondo, llegando al extremo de incluir en dicho dictamen, una reserva expresa para interponer posteriormente medios de inadmisión, nulidad y excepción que estime procedentes, todavía sin tocar el fondo”.

Alegó que procesalmente nada impedía que el Procurador General Tributario pidiera que la fusión de los expedientes existentes se realizara al mismo tiempo de emitir su opinión sobre el fondo.

A su juicio esto hubiese permitido al tribunal constituirse de inmediato, sobre todo tomando en cuenta que Verizon ha solicitado y fundamentado un conocimiento de urgencia del asunto.   “Si es cierto que esta opinión al fondo está ya lista, lo correcto es que el funcionario la someta al tribunal y no procure incidentar o dilatar el proceso”, precisó Peña Rodríguez.

Dijo desconocer la razón por la cual el Procurador General Tributario no  ha presentado todos  sus medios juntos, “si verdaderamente desea que se conozca el fondo del caso”.  Aseguró que Verizon cada vez ha tenido que responderle lo ha hecho en un plazo mucho menor al que le acuerda la ley, “justamente para imprimirle agilidad al caso”.

Aseguró que el procurador Tributario trata de defender “lo indefendible”, al alegar que es Verizon quien incidenta el proceso.

Sobre este particular, el consejo de defensa de Verizon, aclaró que, “dado el alto perfil de este caso y el interés de la empresa de que públicamente se transparente que ésta ha actuado en todo momento conforme a la Ley, ha pedido al tribunal que el conocimiento del caso se lleve a cabo de la manera más diáfana posible, dando a la opinión publica la oportunidad de conocer en todos sus detalles la celebración de este juicio y que ésta sepa de lado de quién está la razón”.