Verizon y el estado dominicano

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POR ARTURO MARTÍNEZ M.
Verizon vendió sus intereses en República Dominicana en US$2,062 millones, y para hacerlo con seguridad proyectó sus ingresos netos para los próximos cinco años, lo que ordinariamente hacen las corporaciones extranjeras en el país. Su conclusión evidente, que no estaba dispuesta a correr los riesgos cambiarios, monetarios y fiscales que se anticipan, con motivo del déficit cuasi fiscal del Banco Central y la política de gastos excesivos del gobierno, era mejor irse ahora y cambiar los pesos a RD$33 por un dólar que hacerlo en un futuro cuando probablemente tendría que hacerlo a una tasa superior.

Pero parece que no calculó bien su precio de venta, no consideró el pago de la ganancia de capital, no se recordó que tenía un socio en República Dominicana con quién debía compartir el precio, me refiero al Estado Dominicano.

Vendió un negocio en operación y los mexicanos compraron un negocio en operación, vendió porque no vió correspondencia entre riesgos y rentabilidad y los mexicanos compraron confiado en que podrán aumentar sus ingresos futuros para compensar y más que compensar los posibles cambios adversos en el precio de la canasta familiar (inflación) y en el tipo cambio. La discrepancia con el gobierno se fundamenta en que vendió el negocio basado en el flujo de ingresos netos esperados actualizado para los próximos años y no en el valor neto de sus activos,  la costumbre cuando se venden negocios en marcha, y el precio puede ser muy diferente comparado uno con otro. Lo que quiero decir es que el precio de los activos netos de Verizon podrían tener un valor inferior al de la transacción, su valor de mercado menos depreciación reportar un valor por debajo de los US$2,062 millones, pero también podría ser lo contrario, que tengan un valor superior.

 El tribunal de lo Contencioso Administrativo deberá escoger entre las dos posiciones, la de Verizon de que luego de ejecutarse la venta y de recibirse el precio es que va lo segundo paso, demostrársele que obtuvo ganancias de capital, eso sí basado en las proyecciones de ingresos netos esperados actualizados, en sus propios números, por otra parte la del gobierno, que ya vendió y que obtuvo ganancias de capital con los activos realizados, y que ahora es cuando debe desembolsar el impuesto. La posición del gobierno implica, desde el punto de vista tributario, que los activos se repagaron con ganancias acumuladas en el pasado, y que las ventas de los activos a los mexicanos representan ganancias de capital para Verizon, por el precio recibido. La diferencia aparenta simple pero no lo es, la posición de Verizon lleva implícito que la obligación tributaria aún no surge, porque la plusvalía aún no se realiza, en buen dominicano, que la venta de los activos no se ha hecho todavía, por lo que mal se podría hablar de ganancias de capital. Que los beneficios acumulados del pasado son otras cosas. Que por ese motivo el pretendido impuesto debe retrasarse hasta tanto se realice la plusvalía, cuando se haga efectiva, y que el gobierno debe traspasar las frecuencias a los compradores mexicanos y discutir después. El problema es que cuando se traspasen las frecuencias la discusión sale de las oficinas del gobierno para llevarse a cabo en las oficinas de Verizon, es como decir llevarlas al terreno ajeno con todas sus consecuencias, además de que no se ha dicho (por lo menos públicamente no se sabe) en qué se basó para vender, porque si no fueron los activos los que vendió, sino un negocio en marcha como se supone, basado en  ingresos netos esperados actualizados, el problema que se plantearía sería cómo establecer las ganancias de capital y el impuesto.

Hace bien la DGII en no entrar a discutir proyecciones de ingresos netos actualizados para fines de comparación y establecer ganancias de capital, porque en definitiva cada quién tiene sus proyecciones basado en premisas  de conveniencia coyuntural. Su planteamiento de que se ha producido ganancias de capital es correcto y debe mantenerlo, debe cobrar ahora el monto establecido ó tener una garantía de cobro por una suma específica, que podría ser a través de una póliza de seguro, antes de dar el permiso para la transferencia de las frecuencias a los mexicanos. Aúnque se haya vendido un negocio en marcha y no activos propiamente dicho, desde el punto de vista fiscal es correcta la posición de la DGII, es ahora cuando debe dobrar, si lo deja para después posiblemente nunca cobrará o recibirá cualquier pago que sería como decir nada. 

Aún sin aportar capital, el Estado Dominicano es socio de Verizon, al cobrar el impuesto por las ganancias de capital, recupera “un préstamo sin intereses” que anualmente otorgó a Verizon, por ganancias de capital que se produjeron de tiempo en tiempo y por las que Verizon debió pagar impuesto y no ahora (muchos años después) cuando se realizan los activos y desaparece de República Dominicana para fines fiscales. Al cobrar el impuesto ahora, sobre la venta de activos, el Estado Dominicano en la práctica está cobrando un impuesto diferido, un ahorro por el que no cobró intereses, y para Verizon, aúnque nunca lo asentara contablemente, no es otra cosa que un pasivo exigible, el que de ninguna manera debió pasar desapercibido cuando decidió vender el negocio, porque debía saber que la obligación tributaria surge de manera automática al hacer los activos de capital. Cuando hizo la transacción con los mexicanos,  debió saber que su ganancia neta, la plusvalía que le corresponde, serían los US$2,062 millones menos el pasivo de US$500 millones con el Estado Dominicano. Si el cobro de la DGII lo sorprendió, y ahora resulta que la diferencia de US$1,562 millones no llenan sus expectativas, estamos en presencia de lo que la teoría económica denomina “Efecto de Bloqueo”, el sistema fiscal dominicano ha bloqueado la realización de los activos de Verizon, mantiene en suspenso la venta a los mexicanos. El concepto lo desarrolla admirablemente Kovernock y Rothschild  (Journal of Public Economics, vol. 21, 1983, 215-256).

Verizon podría decir que las ganancias de capital fue un golpe de suerte, que se trató de una ganancia inesperada, que ya pagó impuesto por las actividades desarrolladas por sus activos que ahora realiza, que dejó de consumir para invertir, lo que es cierto. Pero también es cierto que con esos mismos activos acumuló beneficios cuantiosos, de modo que fueron repagados. Yo no creo que sea su argumento frente a las autoridades dominicanas, que haya sido la opinion expresada al Presidente de la República en la larga reunión del pasado día 20 de los corrientes, porque de ser así estaría reclamando un trato preferente al que nadie tiene derecho. En los Estados Unidos, y desde el 1997 cuando se aprobó la reforma, se aplica un 20 por ciento a las ganancias de capital cuando el activo tiene más de 18 meses, precisamente el caso de Verizon. Cuando se realizan activos, en los Estados Unidos todo el mundo paga por las ganancias de capital, y en República Dominicana también todo el mundo debe pagar. Es cierto que en los Estados Unidos se habla de las ganancias netas de capital, las pérdidas de un grupo de activos son descontables de las ganancias con los demás activos. No creo que en el caso de Verizon sea posible clasificar los activos para determinar los que tienen una ganancia positiva y los que reportan pérdidas, porque sería la de nunca acabar.

Impuestos por ganancias de capital

Quiero sugerir finalmente lo siguiente. Está claro que lo malo es que están saliendo del país corporaciones muy importantes, y lo hacen por la falta de correspondencia entre riesgos y rentabilidad esperada. No me voy a referir a las que están llegando en sustitución, habría que esperar y ver la calidad. Para el gobierno tiene su parte buena, está recibiendo impuestos por ganancias de capital que podría ser el inicio de la solución del déficit cuasi fiscal del Banco Central. Sugiero que los US$500 millones de Verizon y los que deberá pagar Shell, se especialicen en el Banco Central para reducir la deuda de los certificados financieros, y que sea sólo el inicio del proceso. Es una gran oportunidad la que se le ha presentado al gobierno.