Vestido de pobre

Recientemente, al entrar a un centro comercial, observé la prohibición de entrada a una persona pobre y “mal vestida”. Este fenómeno es frecuente en oficinas públicas, restaurantes, bancos comerciales, clínicas, centros educativos y cafeterías.
Estas restricciones se justifican con el supuesto “código de vestimenta” desconocido, no publicado y que no debe existir. Es una práctica violatoria de los derechos ciudadanos y totalmente discriminatoria. “Vestir bien” o “vestir mal” son calificaciones o juicios de valor basados en parámetros muy relativos, sujeto a imposiciones verticales y autoritarias que dejan siempre un espacio a la valoración subjetiva del que observa o supervisa.
¿Resulta la vestimenta un atentado hacia la seguridad? ¿Qué sustratos culturales sustentan estas continuas discriminaciones hacia las personas de diferentes generaciones y sexo por la vestimenta?
La visión de que la vestimenta refleja el estatus social de las personas se sustenta en varios elementos como son:
1. La lógica cultural de la sociedad de consumo que vende “estatus social” y marcas, ropa, zapato, accesorio y estilos de vestir asociados a actitudes y condiciones socio-económicas.
2. La herencia cultural de la dictadura trujillista y su continuación en los gobiernos subsiguientes, que impuso códigos de vestimentas diferenciados y autoritarios para espacios públicos, actos sociales, lugares de trabajo y educativos. Códigos sustentados en el rechazo a la negritud desde colores, formas de vestir y peinados. Los mismos muestran segregación racial, social con un marcado elitismo.
3. El crecimiento de la desigualdad y la estratificación social en nuestra sociedad fortalecida con el modelo de la “apariencia” presente en las últimas décadas que genera la presión social por la búsqueda de “dinero fácil”, corrupción y endeudamiento. Los salarios que se obtienen no son suficientes para responder a esta presión social que supone “aparentar” y “vestir bien” para no ser excluido.
Estas situaciones de discriminación social y racial (porque los casos de discriminación por “mal vestido” siempre son hacia personas con rasgos físicos afrocaribeños) deben erradicarse tanto en el sector privado como público. Se está violando los derechos de las personas a: libre tránsito, acceso a servicios y al trabajo.

Esta sociedad está definida constitucionalmente como una democracia, por tanto las personas tienen derecho al libre tránsito y al manejo de su vestimenta e interacción social desde la libertad.

Las personas que cometen actos delictivos y corrupción son personas muy “bien vestidas”, tienen suficiente dinero para comprar ropa de marca y no son vistas entonces como una “amenaza” a la seguridad. Mantener códigos de vestimentas es promover la discriminación y exclusión de los “pobres” para favorecer “la apariencia” como modelo social, y la doble moral que esta supone.