CHICHI DE JESÚS REYES
Sea en el marco de la nueva Ley de Registro Inmobiliario, o sea dentro del Programa de Modernización de la Jurisdicción de Tierras o mediante una decisión administrativa la verdad es que la Suprema Corte de Justicia tiene el deber impostergable de corregir las múltiples dificultades que padece el usuario para obtener el título de propiedad de un inmueble.

Estas dificultades están presentes en todas la instancias, desde Jurisdicción Original, hasta el Tribunal Superior, pasando por el Registro de Títulos, Mensuras Catastrales y Catastro Nacional.

En esas oficinas hay una serie de distorsiones en la tramitación de documentos y en el pago de cantidades exageradas de impuestos en el proceso de transferencia de bienes hasta la obtención definitiva de un título de propiedad.

Estas quejas son comunes en los pasillos de estas dependencias y han extrapolado la barrera del TST. Las misma provienen no solo de profesionales del derecho y de los agrimensores, sino también de banqueros y asociaciones de préstamos y grandes compañías extranjeras interesadas en invertir en bienes raíces.

El suplicio que se vive en el TST es tan grande que para la obtención de una simple certificación de no gravamen el usuario debe esperar 45 días y hasta dos meses, y es frecuente la práctica en que el documento se entrega cuando ya está vencido el período de vigencia. En cuanto a la transferencia de un inmueble no se puede ni hablar.

Luego de pagar exagerados impuestos para fines de traspasos 4% del valor de la operación, más el 6% del 4% y una inmensidad de sellos, el documento es recibido en el Registro, donde le consignan una fecha de entrega que regularmente oscila ente 45 a 60 días.

Pero si el usuario tiene la mala suerte de que a uno de los empleados se le extravía una pieza del expediente, no espere que le comunicarán lo sucedido, a pesar de que la dirección y el teléfono están consignados en los documentos.

Llegada la fecha de entrega el cliente es referido al área de observación, donde le hacen saber la falta del documento perdido, y cuando la suple tiene que esperar otra nueva fecha para la confección y entrega de su Certificado de Título.

Pero lo más ilógico se presenta en la Oficina Central del TST, donde los magistrados son invisibles y no asumen responsabilidades en la corrección de los graves problemas vigentes, y mucho menos escuchar sugerencias dirigidas a mejorar el servicio que se ofrece.

Así por ejemplo, si un usuario, por H o por R decide desglosar un título del expediente previamente depositado, tiene que padecer un verdadero viacrucis, porque tiene que elevar una instancia al presidente del tribunal, con la firma debidamente legalizada por un notario. Cumplidos estos requisitos, y luego de transcurridos dos meses, el tribunal dicta una resolución autorizando la devolución del documento, lo que implica que hay que esperar varias semanas adicionales para recibir un documento de su legítima propiedad, cuya devolución es automática.

La cosa es todavía más grave en la Dirección de Mensuras Catastrales, donde poner al día los planos de un proyecto de urbanización se lleva entre 18 y 24 meses, y donde la simple revisión de un expediente, el deslinde de un inmueble conlleva una espera de hasta dos meses, los revisores no se concentran en su trabajo y devuelven un expediente hasta por una falta ortográfica.

El director de esa dependencia entró en vacaciones a principios de octubre para regresar el 17 del mismo mes. En la víspera de su reintegro se colocó un letrero donde se anunciaba que las citas con el funcionario se mantendrían los días martes y jueves. Sin ninguna explicación una veintena de abogados y agrimensores tuvieron que abandonar las oficinas de Mensuras “porque el Director no va a recibir este martes”. Los mismos interesados volvieron el jueves 1, y se encontraron con el mismo anuncio.

Se informó que las entrevistas con el incumbente de Mensuras se habían transferido para el martes 25, promesa que no fue cumplida “porque el Director salió a una diligencia y no regresa”.

Hay que saludar efusivamente el proceso de actualización y modernización de la jurisdicción de tierras para garantizar plenamente el derecho de propiedad en el país. Pero este proceso debe ser ágil y eficiente acorde con las necesidades de los inversionistas inmobiliarios y de los profesionales que postulan en materia de tierras.

Los titulares de las oficinas de jurisdicción de tierras deben ser más receptivos y tratar de conocer a fondo las dificultades que confrontan los usuarios de estas dependencias. Deben recordar que son funcionarios pagados por el Estado y que como tales están para servir a la clientela que acude a las mismas.

Apoyemos el proceso de actualización y modernización de la jurisdicción de tierras brindando un servicio rápido y eficiente y tratando siempre de evitar maniobras fraudulentas que lesionen el derecho de propiedad.