Hoy 
Un hedor nauseabundo domina el ambiente donde Mirandi, de apenas nueve meses de nacida, y su hermanita Mileida, de tres años, revolotean sobre las piernas de su tío Leo, quien descansa en la acera, inocentes del drama humano que viven sus padres, quienes al igual que ellas, tienen un futuro incierto.
La escena, montada hace casi un mes frente al Ministerio de Trabajo por 88 trabajadores haitianos que reclaman sus prestaciones laborales a una empresa criolla declarada en quiebra, llama la atención de transeúntes, unos solidarios y otros desaprensivos, que no dudan en enrostrarles su nacionalidad.
Peligro por insalubridad. En total son 112 los hombres, mujeres y niños que duermen, comen y realizan todas sus necesidades a la intemperie y en condiciones de insalubridad, haciendo factible un brote de alguna enfermedad.
Ropas, cartones y platos desechables usados son parte de los enseres dispersos o amontonados en la acera, o colgados en dos árboles cuya sombra les sirve un poco de protección ante la inclemencia del sol y el calor del día.
Aunque el entorno está lleno de oficinas del Gobierno, incluida una de beneficiencia (Lotería Nacional), a los trabajadores en protesta no se les permite entrar a ellas a realizar ninguna necesidad, ni siquiera saciar su sed con un poco de agua. Como no nos dejan entrar, de día nosotros orinamos por aquí en cualquier rincón atrás de una mata, de noche caminamos lejos para a hacer otra cosa, y bajamos al Malecón a bañarnos, dijo Elmus Francois a esta reportera.
El hambre apremia. Son las 11:00 de la mañana y Mirandi, la más pequeña del grupo se arrastra hasta su madre Anita exigiendo qué comer. La madre no reacciona y sigue recostada boca arriba sobre un cartón con un brazo sobre su frente, ensimismada quizás en su problema interior. La niña llora y aparece su padre Máximo Chao, quien intenta calmarla con solo tomarla en sus brazos, pues no tiene nada, excepto la marca de los 13 años que dijo haber trabajado en la Coquera.
Un viacrucis. Es lo que dicen estar pasando los 88 trabajadores, cabezas de las familias en protesta, desde que en octubre de 2012 la empresa Coquera Real se declaró en quiebra y pidió al Ministerio de Trabajo aceptar su declaratoria pero no ofreció pagar prestaciones a los empleados cesanteados.
El 14 de diciembre pasado el grupo se trasladó desde San Cristóbal donde operaba la empresa, a la sede del Ministerio de Trabajo y permanece en su explanada frontal a la espera de que su caso, que está en los tribunales, se resuelva.
La mayoría de nosotros tenía 13, 12, 10 y 8 años trabajando y ahora el dueño de la Coquera (Rafael Emilio Alonso Luna) dice que solo cinco de los que estamos aquí éramos empleados. De aquí no nos vamos hasta que nos den lo que trabajamos, dijeron.
