PEDRO GIL ITURBIDES
La ocupación de lo que entonces era un área verde en el distribuidor de tránsito de la autopista Duarte y avenida Luperón, fue alentada al término 0d0e 1982. Antes de ello una que otra guagua se estacionaba en sus zonas sembradas, en busca de sombra y a la espera de pasajeros. Pero fue ese año que se inició la amputación sistemática e indetenible a una zona concebida como pulmón vegetal. Frente al área se encontraba abandonada una infraestructura de dos plantas concebida para albergar tiendas.

Las diarias emisiones de un programa de radio que sosteníamos en la desaparecida Radio Clarín sirvieron de medio para la denuncia. Escribimos también sobre ello. Pero más importante aún, hablamos con nuestro amigo Marcelo Abréu para que plantease una solución al Síndico del Distrito Nacional, el Dr. José Francisco Peña Gómez. Esa plaza fue construida en el perímetro sureste del área verde, para seguir el concepto de la entonces exitosa, y ahora casi cerrada, plaza criolla. Nunca fue abierta, y salvo por la presencia de guardianes, lucía abandonada.

El fracaso de aquella gestión de negociación esfumó todo impulso para defender un área de dominio público.

Hace poco alerté sobre la pérdida de los islotes de aproche de otro puente seco que sirve como distribuidor de tránsito. Se trata del que se encuentra en la misma autopista Duarte, cuatro kilómetros hacia el norte. Cuando escribí «¿Subsistirán las áreas de dominio público?», se estacionaban entre

cinco a diez carros de concho. Un letrero manuscrito con pintura blanca sobre ennegrecido pedazo de hoja de cinc, establecía el destino de los viajes originados en aquellos aproveches. Hace poco he pasado en horas de trabajo por ese distribuidor de tránsito. Ahora existen flotillas organizadas por sindicatos y de propietarios individuales.

Ya no son los cuatro o cinco vehículos que hacían la ruta 27 de Febrero/Jacobo Majluta. Los activos «pichers» anuncian que esos vehículos sirven en la ruta de la avenida 27 de Febrero, hacia el sureste y el suroeste de la ciudad capital. No ha pasado mucho tiempo desde mi denuncia.

Pero ahora ya son un problema político. Y con toda seguridad, un intento de desplazamiento permitirá que escuchemos las voces que asegurarán que tienen un cuarto de siglo usufructuando ese lugar, un área de dominio público.

En el pleito actual por el rescate del área verde del «kilómetro 9», sale a relucir el valor de las inversiones realizadas. El argumento tiene validez en un país como el nuestro en donde la ocupación de un área de dominio público de uso público o privado, no engendra consecuencias legales. El abuso contra la propiedad del procomún no conmueve tampoco a la sociedad perjudicada, pues ésta se dice a sí misma que no debe pleitear contra los forajidos que minan la estructura legal de la comunidad civil.

Dentro de poco se levantará el primer cuchitril en el distribuidor de tránsito del kilómetro 13. Con cuatro palos y techumbre de cana, el día en que se intente su desalojo también escucharemos las voces que advertirán que la inversión entrañó millones de dólares.

Pero, ¿quién o quiénes son los culpables de que estas bravuconadas y abusos se cometan? Las autoridades que, establecidas por la sociedad para velar por el bien común, únicamente velan por su bien particular. En ocasiones, detrás

de algún sindicalista que ocupa un área de dominio público, marcha alguien con poder suficiente como para proteger y escudarse en el usurpador. Y ambos aplican aquello de que al que parte y reparte, le toca la mayor parte. Pero nunca es de lo propio, sino de áreas de dominio público, o en propiedades del Estado Dominicano.