Las víctimas de la presunta estafa inmobiliaria desmantelada mediante la operación Nido se concentraron la mañana de este viernes frente a la Procuraduría General de la República Dominicana (PGR) para denunciar irregularidades en las últimas decisiones judiciales que favorecen a los imputados del caso.

«Queremos denunciar públicamente que, en la última audiencia, las juezas Doris Pujols, Daysi Montás e Ingrid Fernández, del Tribunal de Apelación, decidieron variar impunemente la medida de coerción a favor de Enmanuel Rivera Pichardo, hijo mayor de Enmanuel Rivera Ledesma, principal acusado en este caso. Dicha decisión fue tomada con argumentos débiles y careció de objetividad, desviándose del camino hacia una verdadera justicia«, afirmó Fernanda Cenas, quien fungió como vocera de las afectadas.

Aseguró que la nueva medida, la cual consiste en presentación periódica, permite que el imputado pueda moverse con libertad, beneficiando directamente a sus cómplices. «Este fallo deja entrever un preocupante indicio de complicidad en un caso que ya lleva un año agotador en los tribunales», sostuvo.

«Además, hemos recibido información de que el esposo de la Lic. Emery Colomby, el Sr. Miguel Ángel Díaz Villalona, es juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional. Esto despierta serias inquietudes sobre posibles conflictos de interés», añadió.

Asimismo, Cenas señaló que el señor Erick Joan Dorrejo Medina, actual Director de Planificación y Desarrollo Fronterizo en el Ministerio de Economía, ha tenido negocios con Enmanuel Rivera Ledesma y, según su información, retiene dinero perteneciente a las víctimas.

«Exigimos que las autoridades, los medios de comunicación y el presidente Luis Abinader tomen cartas en el asunto. Nos preocupa que en las próximas audiencias se continúe favoreciendo a los implicados, incluyendo a la hermana y la esposa de Enmanuel Rivera Ledesma, con miras a que disfruten su libertad durante el periodo navideño. Este manejo por parte de los jueces empaña gravemente la imagen de nuestra justicia», pronunció.

Además, en nombre de todas las víctimas, Fernanda Cenas demandó a la Procuraduría que publique la lista completa de los inmuebles confiscados durante la investigación.»En una audiencia previa, el propio Enmanuel Rivera Ledesma afirmó públicamente que la PGR tiene bienes retenidos por un valor aproximado de 20 millones de dólares», destacó.

Sobre el proceso

El pasado 3 de enero el órgano acusador puso en marcha la Operación Nido, con la cual quedó desmantelada una red que estafó con más de 700 millones de pesos a personas a las que ofertaba viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.

En el despliegue de la Operación Nido, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron veinticinco (25) allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.

La investigación realizada por el Ministerio Público arrojó que la red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, SRL; CRD Equipos Pesados, SRL; el Grupo Wimar, SRL, y Auto Xperts AFM SRL, a través de las cuales crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.

Agregan que durante la investigación se ocuparon evidencias que demuestran que el imputado Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce. Por igual, se recabaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas.

«A raíz de la investigación, el imputado Emmanuel Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellarán en su contra o retiraran las querellas ya presentadas», dijo el MP.

También, buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.

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