PUERTO PRÍNCIPE.  Varios centenares de víctimas de la epidemia de cólera en Haití manifestaron este jueves en Puerto Príncipe para reclamar justicia a las Naciones Unidas, por el caso de cascos azules nepaleses acusados de haber introducido la bacteria en el país hace cinco años.
Los manifestantes, reunidos ante la base principal de la Misión de las Naciones Unidas por la Estabilización de Haití (Minustah), expresaron su ira ante el silencio de la ONU sobre su responsabilidad en el surgimiento de la epidemia.

«Si las Naciones Unidas nos consideraran como seres humanos nos habrían pedido perdón», estimó Jean Emmanuel Larose, un trabajador de la salud de la ciudad de Mirebalais, donde operaban en la época los batallones nepaleses. En octubre de 2010, Jean Emmanuel Larose vivió la eclosión de casos de cólera. «Estábamos poco informados acerca de la enfermedad, y por eso muchos de nosotros murieron.

Descubrimos que fue la Minustah la que no nos respetó. Sus cascos azules nepaleses echaron en el río sus aguas servidas infectadas cuando sabían perfectamente que se trataba del agua que utilizamos todos los días», señaló.

En un comunicado publicado el martes, Amnesty International recuerda que «varios informes científicos han identificado a empleados de la ONU llegados de Nepal como los vectores de la enfermedad en Haití».

Más de 8.850 haitianos, en su mayoría de las familias más pobres, murieron a causa del cólera desde el comienzo de la epidemia. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), más de 746.000 personas resultaron contaminadas desde octubre de 2010.

«Se trató de una violación a los derechos humanos», afirmó Rachèle Fondchaine, militante feminista.

«Muchos padres murieron y sus hijos se encuentran ahora a cargo de tíos o tías. Estos casos deben ser asumidos y las familias indemnizadas, ya que no solamente hubo muertos sino que familias enteras fueron hundidas en la miseria».
La ONU subraya períódicamente su empeño por erradicar el cólera de Haití, financiando por ejemplo programas de saneamiento en zonas rurales, pero siempre ha negado su responsabilidad en la introducción de la enfermedad en este país, que entonces se encontraba en estado de extrema fragilidad tras haber sido afectado en enero de ese mismo años por un terremoto que causó la muerte de más de 200.000 personas.
«La ONU no debería lavarse las manos por el sufrimiento y el dolor que causó», declaró Erika Guevara Rosas, directora del programa Américas de Amnesty International.
«Implementar programas de salud y de saneamiento es importante, pero no suficiente», agregó.
La justicia estadounidense no ha dado lugar a las múltiples denuncias elevadas por las familias de víctimas ante tribunales de Nueva York, donde se encuentra la sede de la ONU, al considerar que la carta de las Naciones Unidas otorga inmunidad a los funcionarios de esta organización.