La cifra de “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos bajo un régimen de excepción, implementado para acabar con las pandillas en El Salvador y vigente desde marzo de 2022, llegó al menos a 5.490, de acuerdo con las denuncias recabadas por organizaciones humanitarias divulgadas este jueves.

De acuerdo con Veronica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SPASS), “son 5.490 víctimas directas” que habrían sufrido más de un “hecho violatorio” durante el régimen.

Las cifras compartidas por las organizaciones sociales indican que son unos 13.581 “hechos violatorios”, de los que el más denunciado es la detención arbitraria en el 95,32 %, entre el 27 de marzo de 2022 y el 30 de junio pasado.

Le siguen la falta del debido proceso en el 87,45 % de los casos atendidos, el allanamiento de morada sin orden con el 25,97 % y amenazas con el 3,72 %.

La mayoría de las víctimas son personas jóvenes de entre 19 y 30 años (53,48 %), mientras que “la identidad de género” es principalmente masculina (79,98 %).

Sobre las amenazas, Reyna señaló que los cuerpos de seguridad habrían amenazado al menos a 243 personas de ser detenidas y que en algunos casos esta amenaza incluía el perder la vida en una prisión.

Gabriela Santos, directora del Instituto Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), agregó que también existen “víctimas indirectas”, que son las familias de los detenidos y que han sufrido una “precarización” de su situación de vida.

Las muertes de personas detenidas en el marco de este régimen suman 174, de las que han registrado que “muchas de ellas presentaron señales de torturas, desnutrición o enfermedades crónicas sin tratamiento».

El pasado 14 de julio, el Estado de El Salvador negó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las acusaciones de las organizaciones humanitarias sobre atropellos, acoso a la prensa y torturas.

“Rechazo de forma general y clara todas las afirmaciones que se han hecho acerca de que en El Salvador existen torturas, existen violaciones a la libertad de expresión, que existe seguimiento y acoso contra periodistas”, dijo el comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, el colombiano Andrés Guzmán.

El régimen de excepción fue aprobado por el Congreso a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas y se ha extendido en 16 ocasiones.