Los días de prisión preventiva acabaron para Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas , y  para Ángel Rondón, empresario,  implicados en el caso Odebrecht. El juez de instrucción Francisco Ortega Polanco acaba de variar las medidas de coerción en su contra, que implicaba guardaran prisión en el centro penitenciario de Najayo.

Ahora Rondón tiene una  garantía económica de 70 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica mensual. En tanto que  Díaz Rúa tiene una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida y  presentación periódica.

Se recuerda que el mismo magistrado Ortega había dictaminado un año de prisión preventiva contra Ángel Rondón, calificado por el Ministerio Público como “el hombre del maletín” y acusado de ser la persona que entregó los sobornos de la compañía Odebrecht. Mientras que Díaz Rúa guardaba nueve meses de prisión preventiva.

Video: Momento en que el juez  varía medidas de coerción a Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón

La Suprema había ratificado, pero Miriam lo había advertido. En julio, los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), actuando como corte de apelación,  ratificaron la prisión preventiva contra los imputados Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón.

Los jueces le variaron la medida de coerción a  Conrado Pittaluga, y en lugar de prisión en Najayo estará bajo arresto domiciliario por nueve meses, mientras que a Radhamés Segura, Temistocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González impusieron el pago de una fianza ascendente a 15 millones de pesos como garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica el primer lunes de cada mes ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa durante nueve meses.

En tanto que contra César Sánchez los jueces ordenaron la presentación de una fianza ascendente a 10 millones de pesos como garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica durante nueve meses; a Máximo de Oleo le fue impuesta una fianza de 5 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica, durante nueve meses.

Los magistrados ratificaron la medida impuesta al diputado  Alfredo Pacheco consistente en el pago de una fianza de cinco millones de pesos.

Esta decisión contó con los votos disidentes de los magistrados  Esther Casasnovas y Hirohito Reyes, de forma parcial y  de la jueza Miriam German, de manera íntegra.

“Si el Ministerio Público no resuelve la dificultad que tiene para probar la acusación a los imputados en el caso Odebrecht, no tendrá éxito en juicio final”.

El planteamiento es de la jueza presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito.

“En el estado actual del proceso, y con lo aportado para la medida de coerción, se aprecia una dificultad probatoria que, de no ser subsanada en el curso de la investigación, no augura un futuro esperanzador, por el momento, del juicio a fondo”, expresa la magistrada, quien emitió un voto disidente a la sentencia del Tribunal.