Víctor José Delgado Pantaleón – La impunidad como incentivo del fraude

Víctor José Delgado Pantaleón – La impunidad como incentivo del fraude

Hemos visto en un periódico de gran circulación un titular a varias columnas donde se da cuenta de que una importante dependencia del Estado ha sido estafado con varios millones de pesos, mediante la alteración de un acto de venta hecho por el Consejo Estatal del Azúcar a una compradora de una porción de terreno.

Parece que por tratarse de que el vendedor es un organismo del Estado se ha producido el alboroto, pero hay que decir que nuestros tribunales están llenos de estas y otras rapacerías y tal como lo señala la reseña periodística en esas acciones participan activamente empleados de Tribunal de Tierras sin cuya complicidad nada podrían hacer los que se dedican a estas malas artes.

Como he señalado en mis artículos anteriores, en el ejercicio de la profesión de abogado por mucho más de 30 años y todo en materia de tierra, este tipo de marrullería fue el pan nuestro de cada día, donde participan políticos, abogados, empleados de varios niveles de los Tribunales y son los casos más difíciles de terminar por que cada sujeto que se avoca a una falsificación, cuenta con sus padrinos favoritos que sino gana el caso por derecho, lo gana por cansancio, ya que se lo eternizan con nuevos juicios y reenvíos y recursos hasta esperar el momento coyuntural para obtener las ventajas que unas veces se reparten y en otras veces le permite recuperar la palabra empeñada de la «ayuda» prometida.

A mediados de la década de los 70, se inició una urbanización en los alrededores de la parte oriental de la capital, cuyas casas fueron vendidas en su mayoría a dominicanos ausentes, mediante la modalidad de venta condicionada en razón de que se trataba de varias parcelas en proceso de refundición y subdivisión.

Se consignaba que el adquiriente iría pagando sumas acordadas y que hecho el último pago le sería entregada su vivienda, caso muy normal por dos razones fundamentales y es el hecho de que con los aportes de los compradores se le dota al proyecto de los servicios indispensables tales como agua, luz, calles, aceras y asfalto, a la vez que se realizaban trabajos de mensura, es decir refundición de las parcelas objeto de la urbanización y luego la subdivisión para dotar a cada adquiriente de sus certificado de título individual.

Pero en el proceso de estos trabajos murió en un accidente de circulación el responsable de la obra y el caso quedó en menos de un pariente con mucha vigencia política y gran experiencia en materia de tierra pero con muy poca idoneidad, dando como resultado que el proceso catastral, cambió la denominación de los inmuebles resultantes, procediendo a vender la urbanización a un testaferro por la «gran suma» de quince mil pesos y dejando engañado a los adquirientes.

El caso se llevó primero por la vía civil por tratarse de ejecución contractual, donde fue dilatado por más de 12 años, luego que no tuvieron escapatoria se obtuvo sentencia que con la autoridad de la cosa juzgada se depositó en el Tribunal de Tierras para su ejecución, pero allí fue desconocida y tras varios años de requerimientos estériles se le dio ganancia de causa al político que había vendido dos veces los mismos inmuebles con designaciones catastrales distintas, no obstante la hipoteca judicial haberle dado seguimiento a su inmueble, pero como se trataba de un político influyente con relaciones para quitar, poner y perdonar vidas eso no se comentó.

Por eso hemos luchado para que a la ley sobre el Registro de Tierra o Ley de Ordenamiento Territorial se le incorporen sanciones penales ya que de seguir la impunidad en este orden, la ley seguirá siendo letra muerta; los tribunales están llenos de todo tipo de falsificaciones como la que se denuncia contra el CEA y los falsificadores tiene sus contactos en los mismos tribunales, por eso se ha tan difícil revocar una simple falsificación aún sea descubierto a prima fase.

Tengo vivencias durante el ejercicio de la profesión, sumamente dolorosas, pero debo ser cuidadoso para no dejar dificultades a mi familia, como se la han dejado a los suyos los falsificadores, sus cómplices y padrinos que en su oportunidad serán llamado por sus nombres, o por los menos a rendir cuentas ante Dios.

Tengo la seguridad tanto como saber que esa tierra que tanto he defendido me va a recibir en su regazo donde habré de encontrar el descanso que la vida me ha negado, que esos que se han enriquecido a costo del sufrimiento, el dolor y el desamparo de otros que han muerto en la mas espantosa miseria a causa del despojo de sus bienes, habrán de recibir el castigo divino, si es que nuestros gobernantes siguen indolente ante tanta injusticia y tanta perversidad sin castigo terrenal; he visto ancianos atados a un cepo víctima del despojo de sus bienes adquiridos por herencia, buenos dominicanos que ahorran durante toda su vida para adquirir una vivienda para sus hijos y perderla bajo el sistema señalado, sin que nadie castigue ó lleve a prisión a ese urbanizador que sigue exhibiendo su honorabilidad pecaminosa por la impunidad con que se manejan ante una ley sin sanciones.

Organismos Internacionales están empeñados en ayudar a la Jurisdicción de Tierras y en ese orden se están haciendo grandes inversiones en infraestructuras con la finalidad de adecuar este importante renglón de la economía nacional a principios de modernidad a la vez que se dote el organismo de cierto margen de seguridad jurídica que proteja la inversión, pero ello debe ir acompañado de una profilaxis que toque estamentos dentro y fuera del Tribunal de Tierras ya que de lo contrario habríamos perdido el tiempo y el dinero invertido en la modernización.

El Tribunal de Tierras tiene mucha gente valiosa que ha dedicado su vida a esa noble tarea, lo cual no admite dudas, pero debemos ser honestos y sin apasionamientos reconocer que hay elementos enquistados en posiciones altas y bajas, que han venido a salvaguardar intereses grupales cuya actuación pone entredicho la buena imagen del conjunto, lo que resulta cruel para los honestos que se les mida a todos con la misma vara, por lo que es una tarea inaplazable para nuestro más alto Tribunal de Justicia, iniciar la profilaxis moral acorde a la modernización estructural.

Evocando las palabras del Padre de la Patria Juan Pablo Duarte, me permito terminar este artículo diciendo «Mientras no se castiguen a los falsificadores y a sus cómplices traidores como merecen, los buenos y verdaderos dominicanos seguirán siendo víctimas de sus maquinaciones».

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