Al evaluar el desempeño del sistema de justicia en el país durante el año que recién finaliza, el jurista Víctor Turbí, aseguró que el Ministerio Público, así como el Poder Judicial, no han experimentado los avances esperados del 2021.

Afirmó que del recién finalizado año 2021, el sistema de justicia no ha podido exhibir avances «sustanciosos, tangibles» que se puedan apreciar de manera clara y precisa, a la vez que puso como ejemplo el que en la jurisdicción inmobiliaria se han denunciado serias irregularidades, además, de que hay grandes problemas en el ámbito laboral, lo que según explicó llama a profunda preocupación.

Al evaluar el ámbito penal, el jurista Víctor Turbí, dijo que el Consejo del Poder Judicial (CPJ), respaldado por algunos jueces de la Suprema Corte de Justicia, intentaron incorporar la virtualizacion total del Poder Judicial, lo que calificó de improcedente, tras ser rechazado en el Tribunal Constitucional.

«Estas acciones finalmente, recibieron una estocada mortal, con una daga en el Tribunal Constitucional, y no han tenido otro camino que acudir ante los vecinos más cercanos en el Congreso Nacional, a los fines de que puedan analizar y estructurar una norma que sirva de sostén para poder implementar algunos procedimientos en el orden administrativo y de algunos trámites que se pudieran aplicar en todas las áreas del derecho, pero no en el área penal para el juzgamiento» observó Turbí.

Planteó además, como una prioridad la asignación de una mayor partida presupuestaria tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial, con el objetivo de que este año 2022 el aparato judicial pueda realizar una labor con mayor eficiencia, equidad y apego a las normas procesales y constitucionales.

Indicó: «en honor a la verdad, no se puede negar que un sistema de justicia para poder avanzar, desarrollarse y brindar mejores servicios, necesita de un sostén económico, aunque debemos precisar también, que no sólo la parte económica lo es todo, si no también, se debe a una planificación y a otros elementos que son propios de un sistema de justicia» explicó el profesional del derecho.

Indicó «Vamos a ver este año 2022, y la esperanza es, de que se puedan llevar a cabo algunas políticas públicas tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público que puedan tener resultados efectivos, para que la población pueda recibir servicios de una justicia moderna, más oportuna, con mayor celeridad y que en el fondo tenga lo que es mayor paz, armonia y mejor evolución democrática».

Explicó que todo sistema de justicia descansa en el respeto al debido proceso y de la tutela judicial efectiva, de lo que se desprende el principio de legalidad, presunción de inocencia y demás «En la República Dominicana, no obstante de tener una Constitución moderna y avanzada, parecería que el Ministerio Público cuando le ha tocado investigar e imputar un hecho, desconoce de estos principios, aunque se podría equivocar, pero para eso está el tercero imparcial, que es el juez, el poder judicial que es el responsable de corregir estos entuertos» indicó.

Planteó, finalmente, que, si un sistema de justicia «no es capaz» de respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y el principio de legalidad, «por más que quiera no va a avanzar» advirtió.