Videla se llevó consigo sus secretos sobre desaparecidos en Argentina

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BUENOS AIRES. AFP. El fallecido exdictador argentino Jorge Videla será sepultado sin haber revelado los secretos sobre los desaparecidos en el régimen de facto (1976-83), en tanto organismos humanitarios reclaman que se rompa el pacto de silencio de decenas de militares que son juzgados por delitos de lesa humanidad.  

El cuerpo de Videla, quien murió el viernes a los 87 años en la cárcel de Marcos Paz (40 km al sudoeste de Buenos Aires), donde purgaba dos condenas a cadena perpetua y una a 50 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, fue trasladado a la Morgue Judicial de Buenos Aires para practicarle una autopsia de rutina, aunque aún es un misterio dónde y cuándo será sepultado.  

El entierro se hará sin honores militares porque el exjefe del Ejército fue destituido de su grado de teniente general. Además, una resolución oficial de 2007 prohibió dar honores castrenses a los condenados por violaciones a los derechos humanos.  

Apenas 18 escuetos avisos fúnebres fueron publicados el sábado en la prensa por el fallecimiento de Videla, quien fue hallado sin vida «sentado en el inodoro de su celda» en la cárcel, según el parte que el Servicio Penitenciario Federal envió a la justicia, al que tuvo acceso la AFP.  

Videla fue el primer presidente de facto tras el golpe militar que derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón del 24 de marzo de 1976, cuando se instauró una dictadura que duró hasta 1983 y dejó 30.000 desaparecidos, según entidades humanitarias, y unos 500 niños robados.  

El exdictador enfrentaba un juicio por el Plan Cóndor, por el cual las dictaduras sudamericanas en los años 1970 coordinaban sus operaciones represivas, que proseguirá «en relación a los demás imputados», dijo a la AFP Miguel Osorio, fiscal que investiga los delitos en el marco de esa alianza de las cúpulas de los regímenes de facto.  

No obstante, «de los 106 casos que comprenden esta causa, 44 no podrán ser juzgados por ser Videla el único imputado. También se encontraba procesado en otras nueve causas», señaló este sábado la ONG Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). 

Un «llamado a romper los pactos». Los organismos humanitarios y todo el espectro político argentino, a pesar de estar ahora abiertamente enfrentado, se unieron en el repudio al exdictador y lamentaron que se haya muerto sin haber revelado los secretos guardados sobre los desaparecidos y los niños robados.  

El exjuez León Arslanian, quien integró el tribunal que enjuició a las juntas militares en 1985 y condenó a Videla a cadena perpetua, deploró este sábado que el exgobernante de facto «se haya llevado a la tumba secretos sobre cada una de las operaciones militares en la dictadura y sobre el destino de las personas desaparecidas».  

«Las fuerzas armadas, cuando organizaron esto, lo hicieron de un modo muy planificado con órdenes operativas, con división de funciones, con roles. Y de cada acción militar que se llevaba adelante, se hacían actuaciones, se dejaba constancia y por supuesto que había registros», afirmó el jurista a Radio Mitre.  

Nora Cortiñas, de la organización humanitaria Madres de Plaza de Mayo, de la Línea Fundadora, señaló que dictadores como Videla «se mueren y se van con los secretos más importantes de la historia».  

En igual sintonía, Paula Maroni, de la organización HIJOS de desaparecidos, confió en que la muerte de Videla «sea el llamado a romper los pactos y decir la verdad, porque es un derecho para que las madres puedan recuperar los cuerpos de sus hijos».  

Ninguno de los cientos de exuniformados que pasaron por los tribunales rompió ese pacto, incluido Videla, que en su última comparecencia ante el tribunal que lo juzgaba por el Plan Cóndor desconoció a la justicia civil.  

«Como lo hiciera antes, quiero manifestar que este tribunal carece de competencia y jurisdicción para juzgarme por los casos protagonizados por el Ejército en la lucha antisubversiva», dijo Videla el martes pasado, en su última aparición pública. 

«Siete mil u ocho mil debían morir». Unos 350 campos clandestinos de torturas y exterminio distribuidos en todo el país funcionaron durante la dictadura, adonde fueron llevados la gran mayoría de los 30.000 desaparecidos en aquella etapa, de acuerdo con organismos humanitarios.  

En el libro «Disposición Final», publicado en 2012, Videla admitió por primera vez que el régimen hizo desaparecer a «siete mil u ocho mil personas» para evitar protestas dentro y fuera del país. 

«Pongamos que eran siete mil u ocho mil las personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión», dijo Videla al periodista Ceferino Reato, quien lo entrevistó durante 20 horas entre octubre de 2011 y marzo de 2012.  

Videla había sido condenado a prisión perpetua junto al jerarca de la Marina, Emilio Massera, en el histórico Juicio a las Juntas de 1985, que tuvo en el banquillo a integrantes de tres de las cuatro juntas militares que gobernaron Argentina entre 1976 Y 1983.  

Fue indultado en 1990 por el expresidente Carlos Menem (1989-99) y volvió a ser detenido en 1998 con prisión domiciliaria por una causa por robo de bebes. En 2010, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la nulidad de los indultos.  

En 2008, el exdictador fue llevado a una cárcel en un cuartel militar, hasta que finalmente en 2012 fue trasladado a la cárcel común de Marcos Paz, donde están detenidos los condenados por crímenes de lesa humanidad.  

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