El Colegio de Abogados de la República Dominicana sometió a la justicia a los miembros del Consejo del Poder Judicial por ante el Tribunal Superior Administrativo por violar la tutela judicial o limitar el derecho a la justicia de la población, derecho consagrado en la Constitución de la República.

Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, solicitó nuevamente la apertura física de los tribunales de la República adoptando las medidas de seguridad contra el Covid 19, así como están abiertas las plazas, los supermercados, farmacias, bancos comerciales y otros establecimientos.

Surun Hernández manifestó preocupación porque miles de abogados se encuentran sin trabajo por no tener acceso a los tribunales, por los retrasos en las pautas de los juicios virtuales y por no contar con un internet full limitado que le permita conocer una audiencia a través de una computadora o celular.

Denunció que la actual medida también afecta gran parte de la población que no cuenta con el derecho a tener acceso a una justicia rápida, accesible, oportuna y gratuita, tal y como establece el artículo 69 de la Constitución de la República.

Destacó que los juicios virtuales también violan el derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa; porque solo con el hecho de que un imputado tenga mayor acceso al internet que otro se presenta una desigualdad.

“Ya hemos sometido instancias ante el Tribunal Constitucional y ahora acudimos al Tribunal Superior Administrativo, no descansaremos hasta que el Consejo del Poder Judicial disponga la apertura física de los tribunales tal y como lo establecen la Constitución y las leyes”, expresó Surun Hernández.

El presidente del gremio que agrupa a más de 60 mil abogados, denunció que las ocho resoluciones del Consejo del Poder Judicial de mantener los juicios virtuales violan los artículos 4, 6, 7, 69, 71, 72, 93, 149, 156, 157, 162 y 266.6 de la Carta Magna, así como el Código Procesal Penal, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Trabajo, el Código de Comercio, la Ley 108-05, la Ley 821 de Organización Judicial que de manera clara establece que los juicios son públicos, orales, contradictorios.