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A propósito de las denuncias de las intervenciones telefónicas que han surgido en los últimos días, el abogado Jorge López destaca que en otros países jueces han tenido que renunciar por autorizar intervenciones telefónicas de manera ilegal y que en República Dominicana también deberían implementar sanciones para quienes incurran en estos actos.
Casos como el que enfrenta el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, acusado de autorizar intervenciones telefónicas a más de dos centenares de personas cuando era presidente, así como la caída del juez español Baltasar Garzón, condenado a 11 años por ordenar escuchar las comunicaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados en un caso de corrupción; son ejemplos de sanciones que podrían enfrentar quienes estén autorizando de manera irregular pinchados telefónicos.
En cuanto al proceso legal, López sostiene que luego de aprobada una solicitud de intervención telefónica «dentro de 20 días el Ministerio Público debe de enviar un reporte con los avances de la misma, y si la misma fue ejecutada o no, y si no cumple con esta medida, entonces de oficio el juez puede dejar sin efecto la misma».
El magistrado indica que en algunos casos los jueces están siendo engañados por parte del Ministerio Público, ya que esta institución han solicitado pinches telefónicos suministrando datos falsos, » los jueces al parecer están siendo sorprendidos en su buena fe, toda vez que estas intercepciones se obtienen bajo la base de premisas falsas», puntualizó López.
Denuncia. La diputada del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful, denunció el día de ayer a través de su cuenta de Twitter la intervención telefónica del diputado perremeísta Emmanuel Bautista, anterior a esto la legisladora ya había posteado que habían sido intervenidos los teléfonos del dirigente Eduardo Sanz Lovatón y de la viceministra de Energía Nuclear, Susana Gautreau.
