EFE 
Manila. La guerra contra las drogas continúa desangrando a Filipinas con total impunidad, con una media de 27 ejecuciones extrajudiciales al día y miles de “daños colaterales”, que incluyen la muerte de un centenar de menores atrapados, por lo que el país se podría enfrentar a una investigación de la ONU.
Con más de 27.000 asesinatos en tres años aunque la policía solo admite 6.600 muertos en operaciones antidroga, todavía no ha habido “una rendición de cuentas significativa” por parte de funcionarios del gobierno, denunció hoy Amnistía Internacional (AI) en su último informe sobre los abusos de esta letal campaña.
“La guerra contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte sigue como una empresa de matar a gran escala”, indicó el director regional de Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático, Nicholas Bequelin, en una videoconferencia en Manila.
El nuevo informe de AI advierte sobre posibles crímenes de lesa humanidad y documenta decenas de ejecuciones extrajudiciales, que son el “modus operandi” generalizado en las redadas antidroga, en las que “la policía mata impunemente a los más pobres».
“Las víctimas a menudo figuran en listas fabricadas con los nombres de sospechosos vinculados a las drogas, que en la práctica son listas de personas a las que matar, al margen de cualquier procedimiento legal”, apuntan.
El representante de AI en Filipinas, Butch Olano, señaló que el 78 % de los filipinos confesó tener miedo de convertirse en una víctima de las ejecuciones extrajudiciales, mientras que el 67 % opina que la policía es la responsable, según una encuesta reciente que refleja el “clima de miedo, agonía emocional, miseria y pérdida de esperanza” que reina en el país.
