El colectivo Marcha Verde continúa apostado frente a la Suprema Corte de Justicia con la instalación del Campamento de Resistencia por segundo día consecutivo en protesta por el expediente definitivo del caso Odebrecht.

Los integrantes del movimiento retomaron su lucha contra la Impunidad y la Corrupción luego de que el pasado jueves el procurador, Jean Alain Rodríguez dejara fuera del expediente a los funcionarios del gobierno de Danilo Medina.

La Marcha Verde hizo un llamado a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y a la verdadera oposición política a expresarse de forma contundente en todo el territorio nacional contra lo que catalogan como una burla judicial.

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Para el movimiento, el expediente presentado por el Ministerio Público es inaceptable porque deja fuera del caso a Juan Temístocles Montás, miembro del Comité Político del PLD que confesó haber recibido dinero de Ángel Rondón para financiar las campañas de Leonel Fernández y Danilo Medina en los años 2008 y 2012.

Según el colectivo, el documento del Ministerio Público es una vergüenza y una manipulación inaceptable porque deja fuera del caso a todos los funcionarios y legisladores de alto nivel que se encargaron personalmente de gestionar y aprobar los más importantes contratos de Odebrecht en los gobiernos de Danilo Medina, como Gonzalo Castillo, Rubén Bichara, Simón Lizardo, Reinaldo Pared Pérez, Abel Martínez, Cristina Lizardo, Lucía Medina, y el mismísimo presidente de la República.

Es inaceptable, según Marcha Verde, que en el período 2012-2014 el Ministerio Público no identificara y sometiera un solo funcionario responsable de recibir o gestionar los sobornos de Odebrecht, cuando en ese período del gobierno de Danilo Medina la constructora mafiosa transfirió el 62% de los US$92 millones atribuidos a esta práctica ilegal, y recibió, en medio de serias denuncias de sobrevaluación, el contrato más grande de su historia en el país: Punta Catalina.

Así va el caso Odebrecht en RD. La Procuraduría General de la República (PGR) depositó la acusación formal y solicitó apertura a juicio en relación a los sobornos pagado en el país por Odebrecht.

La acusación fue presentada al juez de la Instrucción Especial designado por la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, en contra de los señores Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández, y Jesús Antonio Vásquez Martínez.

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Al mismo tiempo, el Ministerio Público estableció que en las investigaciones realizadas no se encontraron evidencias suficientes que vincularan a los señores César Domingo Sánchez Torres, Bernardo Castellanos de Moya, Juan Temístocles Montás Domínguez, Julio César Valentín Jiminián, Máximo De Oleo, Alfredo Pacheco Osoria, Ramón Radhamés Segura y Ruddy González a los delitos de sobornos, prevaricación y lavado de activos, por lo que dijo se procedió al archivo provisional de los mismos, bajo reserva de que si aparecieran nuevas evidencias se procedería de acuerdo a lo que establece la norma procesal.