El expresidente de la República, Leonel Fernández, dio a conocer este domingo su propuesta para enfrentar la problemática de la violencia contra la mujer, uno de los principales males que afectan actualmente a la población dominicana.

Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y de la coalición de partidos, Juntos Podemos, explicó que el plan será ejecutado a partir del 16 de agosto de este año, fecha en que aspira retornar a la Presidencia de la República.

Entre las iniciativas contenidas en el plan diseñado por Fernández para enfrentar la problemática, están la aplicación de un programa de inserción laboral y capacitación técnica para víctimas; la articulación de un sistema de detección temprana de agresiones que vincule a las instituciones prestadoras de servicios de salud; y el establecimiento de un observatorio nacional de violencia basada en el género, el cual estará adscrito al Ministerio de la Mujer.

Además, promover una reforma curricular que favorezca la redefinición de las relaciones de género en el marco de la tolerancia, la igualdad y la paz; orientar un porcentaje significativo de la publicidad estatal a la sensibilización de la ciudadanía en torno a la naturaleza y magnitud de la violencia basada en el género; y organizar un sistema de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las órdenes de protección.

El candidato presidencial se propone instalar un efectivo sistema de control y seguimiento integral a las denuncias de violencia basada en el género, implementar la defensoría pública de la mujer y poner en marcha un programa de asistencia para familias diezmadas por la problemática.

«La violencia basada en el género es un complejo problema que ha concitado la atención de la opinión pública nacional, por su recurrente manifestación en nuestra cotidianidad», señala el ex mandatario en el documento contentivo de los términos de la propuesta.

Resalta que, cada año, la violencia basada en el género cobra decenas de vidas de mujeres dominicanas, al tiempo en que sume en la desesperación y la agonía existencial a una inmensa cantidad de sobrevivientes que no encuentran amparo en los servicios públicos que precariamente presta el Estado, y que están, en teoría, destinados a brindarles protección.

«En los primeros días del año 2020 ya se han reportado varios feminicidios, como consecuencia de la lamentable incidencia de este trágico fenómeno criminal», señala Fernández.

«Ha llegado el momento de que se ponga en marcha una estrategia integral que aborde esta difícil problemática con responsabilidad y que se aparte del efectismo demagógico de actores políticos que se resisten a entender la magnitud y especial naturaleza de este gravísimo malestar social, insistiendo en la aplicación de medidas populistas que no resuelven el problema ni ayudan a las mujeres en situación de peligro», agrega.

El plan forma parte de la segunda ola de transformaciones que Fernández plantea impulsar desde el Gobierno para asegurar un futuro de bienestar y prosperidad a todo el pueblo dominicano.

Propuestas

1. Establecer un Observatorio Nacional de Violencia Basada en el Género. Una de las dificultades más relevantes que existen en la actualidad, concernidas a este fenómeno criminal, es lo poco que sabemos acerca de él. La información que dominan las autoridades sobre el tema es sesgada, inexacta y poco confiable. Resulta indispensable superar la niebla estadística que nos impide conocer datos de alto valor para lograr el abordaje eficaz de este complejo problema. La instalación de un Observatorio Nacional de Violencia Basada en el Género, que dependa del Ministerio de la Mujer, y que cuente con personal técnico capacitado para recabar y analizar sistemáticamente información sobre los diversos aspectos que se relacionan con este fenómeno, podría ser de enorme utilidad.

2. Desarrollar un Programa de Inserción Laboral y Capacitación Técnica para Víctimas. La subordinación económica genera un lazo de dependencia entre las mujeres maltratadas y sus agresores que muchas veces impide a las primeras sustraerse del peligroso contexto en el que se encuentran. Desde el Estado debe impulsarse un amplio programa que ayude a las víctimas de violencia basada en el género a incorporarse al mercado laboral, y que potencie sus capacidades individuales para alcanzar la independencia económica.

3. Articular un sistema de detección temprana de agresiones que vincule a las instituciones prestadoras de servicios de salud. Uno de los problemas más frecuentes en el abordaje de este fenómeno criminal tiene que ver con que muchas veces nos enteramos de sus ominosas consecuencias cuando ya es demasiado tarde. Es indispensable establecer protocolos de reporte y referenciación desde el sistema de salud a las instituciones del sistema de justicia, en las cuales se notifiquen casos de lesiones en las cuales se sospeche la comisión de agresiones violentas. Desde las emergencias de clínicas y hospitales deben suministrarse insumos que permitan ulteriores indagaciones dirigidas a detectar situaciones de esta índole, lo cual permitirá a las autoridades llevar a cabo intervenciones oportunas que impidan un desenlace trágico.

4. Promover una reforma curricular que favorezca la redefinición de las relaciones de género en el marco de la tolerancia, la igualdad y la paz. Promover el cambio cultural para abordar las asimetrías de poder en las relaciones de género es una tarea en la que debe intervenir la escuela, junto a la familia y al resto de la sociedad. Incorporar en el currículo escolar, desde fases muy tempranas del proceso educativo, asignaturas que contribuyan a fomentar la igualdad, la solución pacífica de conflictos y la tolerancia es indispensable para avanzar en esta dirección.

5. Orientar un porcentaje significativo de la publicidad estatal a la sensibilización de la ciudadanía en torno a la naturaleza y magnitud de la violencia basada en el género. La apreciable cantidad de recursos que el Estado invierte en promover sus actividades y realizaciones estaría mejor invertida si se obliga a destinar, mediante decreto presidencial, no menos de un 10% del monto global invertido en publicidad por parte del Gobierno a campañas de sensibilización e información ciudadana en relación con este tipo de violencias.

6. Organizar un sistema de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las órdenes de protección. Empleando la tecnología de la comunicación, deben proveerse los recursos logísticos y financieros suficientes para establecer un sistema de monitoreo que asegure un nivel más efectivo de cumplimiento de las órdenes de protección. Debe especializarse un personal de apoyo, con el equipamiento necesario y en combinación otros servicios dispuestos por el Estado para atender situaciones de emergencia, para el seguimiento cercano de las mujeres en cuyo beneficio han sido dictadas tales órdenes, quienes deben de disponer de un mecanismo de comunicación eficaz para dar la voz de alerta en caso de transgresión o peligro inminente.

7. Ejecutar un amplio programa de sensibilización focalizado en los medios de comunicación. La difusión de noticias relacionadas con hechos de violencia basada en el género puede servir como un mecanismo que acompañe los esfuerzos desplegados por las autoridades para orientar a la ciudadanía en torno a las características de este pernicioso fenómeno criminal, apoyando las políticas de prevención dispuestas por el Estado. De común acuerdo con los gremios en el área de la comunicación social, debe llevarse a cabo un vasto programa de sensibilización focalizado en quienes laboran en los medios informativos, que sirva de catalizador para avanzar hacia una cobertura más adecuada y profesional de hechos que tengan que ver con este tipo de violencias.

8. Instalar un verdadero sistema de control y seguimiento integral a las denuncias de violencia basada en el género. Es frecuente constatar que muchos feminicidios ocurren después de haberse tramitado denuncias previas, a partir de las cuales las víctimas habían alertado al sistema de justicia de que se encontraban en situación de peligro. Resulta indispensable vertebrar un sistema integral de seguimiento sistemático a las denuncias que se presenten, que cuente con un equipo multidisciplinario de profesionales que evalúen de manera constante la evolución de los casos, analicen las situaciones de riesgo y recomienden medidas de intervención en caso necesario.

9. Implementar la Defensoría Pública de la Mujer. Aunque en la reforma al Código Procesal Penal producida por la Ley 10-15 se introdujo la asistencia legal obligatoria para víctimas de crímenes o delitos, lo cierto es que – en razón a limitaciones de recursos – esta previsión está lejos de ser una realidad. En el caso de la violencia basada en el género, es imperativo que se provea este tipo de asistencia a las mujeres maltratadas que no puedan costear su representación profesional ante los tribunales. La organización de un servicio de defensoría pública especializado para mujeres denunciantes de este tipo de violencias es una medida que no debería postergarse.

10. Poner en marcha un programa de asistencia para familias diezmadas por la violencia basada en el género. Cada año, decenas de niños y niñas quedan en condición de extrema vulnerabilidad por la ocurrencia de feminicidios. El Estado debe disponer recursos focalizados para los y las huérfanos (as) de la violencia basada en el género, con programas de acompañamiento que los ayuden a superar las trágicas consecuencias de estos hechos, tanto en el plano material como en el emocional y afectivo.