La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) usurpa las atribuciones de la Dirección General de Aduanas y hasta la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) cuando subasta los bienes incautados por la Dirección Nacional de Control de Drogas, así lo afirmó hoy Iván Silva, senador por la provincia de La Romana.

Según explicó Silva, esta institución privada realiza las subastas a su conveniencia en beneficio de particulares, sin que se sepa el destino de los recursos, todo esto por el decreto 569-12 emitido por el presidente Danilo Medina.

«La Junta Agroempresarial no es una institución del gobierno y por ese decreto está fungiendo como el vendutero público. Por ese decreto fue que condenaron a Leonardo Faña, porque eso lo manejaba José Ramón Peralta quien es el presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana”, aseguró el senador.

El legislador del Partido Revolucionario Moderno dijo que esta práctica se viene realizando desde el año 2012 y le ha dejado más de 70 mil millones de pesos cada año.

Otro aspecto donde la JAD se beneficia, según Iván Silva, es con las importaciones en el caso de las exoneraciones, dadas a un selecto grupo, para de diversos productos, en especial los de la canasta básica.

“La JAD es que subasta esas exoneraciones al precio que ellos desean, porque una parte del dinero de la subasta le pertenece a ello, por tal razón el importador tiene que elevar el precio de los productos”, explicó Iván Silva.

Aseguró que son cinco las compañías que se benefician con las exoneraciones y que en tal sentido provocan que un libra de ajo esté actualmente a RD$400, cuando debería estar a RD$240; que la libra de arroz cueste RD$35, cuando debería costar RD$21; que por una libra de cebolla haya que dar RD$140, cuando debería llegar al público a RD$56; que la libra de habichuela tenga un precio de RD$70, cuando debiera costar 42 pesos o que una libra de pollo esté en RD$65, cuando debería estar a precio de RD$39.

Consideró necesario y urgente que el presidente Luis Abinader derogue este decreto 569-12 que otorga estos y otros privilegios a la JAD, a fin de parar cuanto antes esta acción que choca con la ley orgánica de Aduanas, DGII, además de que afecta a todos los dominicanos.