Colectivos feministas y familiares de Anibel González, asesinada por su exesposo Yasmil Oscar Fernández, advirtieron que continuarán protestando hasta que el Gobierno rinda un informe en el que se aclaren las responsabilidades por acción u omisión del Ministerio Público y el sistema judicial en el feminicidio. A Anibel González le sobreviven tres hijas.

El feminicida Yasmil Oscar Fernández asesinó a Anibel González después de cumplir dos años de cárcel por apuñalarla y tras un acuerdo que violentó el debido proceso y el protocolo de acción en casos de violencia machista.

Para las organizaciones convocantes, agrupadas en el Foro Feminista Magaly Pineda, Anibel González fue víctima de dos grandes injusticias: “El machismo predominante en la sociedad y en la mentalidad de quien fuera su esposo y padre de sus tres hijas, culpable de no entender la libertad y el derecho de una mujer a rechazarlo como pareja y a procurar sacudirse del yugo al que la tenía sometida; y  la complicidad e ineficiencia del propio sistema de justicia, al liberar anticipadamente a su victimario,  condenado a prisión por intento de  asesinato con cinco puñaladas, e irregularmente liberado sin culminar la insignificante pena de cinco años que le fue impuesta”.

Las convocantes llaman a la comunidad de San Pedro de Macorís a que haga sentir su reclamo de profundizar las investigaciones hasta donde sea necesario, y se indague si efectivamente hubo corrupción en el manejo de este caso para que se proceda con las sanciones correspondientes.

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El llamado también va dirigido a organizaciones comunitarias que forman parte de la Red de Atención Integral a la Violencia contra las Mujeres de este municipio, en el que participa el propio Ministerio de la Mujer, en tanto instancia con la más alta responsabilidad en la implementación de la política de género del país.

Las organizaciones también reclaman a los legisladores que modifiquen el Código Penal Dominicano para que se reconozca la figura del feminicidio y aprueben una nueva legislación especial que obligue a las instituciones educativas y de salud a garantizar el derecho a una vida sin violencia con acciones preventivas y de detección temprana de actos violentos.

“Ambos instrumentos están en el Congreso Nacional desde hace años, y su no aprobación solo se explica en el desinterés de nuestros congresistas en los temas de las mujeres”, enfatizaron las organizadoras de la manifestación que se realizó este lunes a las 10:00 de la mañana en San Pedro de Macorís.

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