A principio de los 2000 el presidente Hipólito Mejía visitó Antigua, posesión británica en el Caribe, donde estuve en la ocasión en mi condición de periodista asignado al Palacio Nacional por el matutino Hoy.

Allí nos sorprendió la noticia de un inmigrante dominicano procesado por la justicia local bajo cargos de asesinato y condenado a la horca en un caso pasional.

Mejía se interesó e indagó sobre los antecedentes del caso y decidió intervenir ante las autoridades de Antigua pidiendo clemencia, pero la única autoridad para la concesión de clemencia era el gobernador británico, con quien Mejía se reunió en recepción a la delegación dominicana en su residencia.

El tema estuvo en la agenda pero no halló mayor receptividad, pues al retorno de la comitiva presidencial nos enteramos que ese dominicano había sido ahorcado, pena que su país rechaza por razones humanitarias y jurídicas y de respeto a los derechos humanos.

República Dominicana no denunció aquel caso como acto inhumano. No movilizó a la opinión pública internacional ni recurrió ante la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Simplemente aceptó la jurisdicción de los hechos y respetó el derecho de Antigua a ejecutar sus leyes.

Quizás algunos no estén de acuerdo en las coincidencias entre este caso y la situación que ahora nos ocupa por la debatida sentencia del Tribunal Constitucional que establece normas y reglamenta el derecho de ciudadanía acorde con la Constitución.

Aquel era un dominicano condenado de acuerdo a la legislación en Antigua para asesinatos y hoy lo debatido aquí es el derecho a la ciudadanía que tienen hijos de extranjeros indocumentados nacidos en el territorio nacional, a quienes nuestras leyes migratorias niegan esa prerrogativa.

Esos inmigrantes o hijos de extranjeros indocumentados están, de acuerdo con abogados y expertos en derecho constitucional, en conflicto con la ley en el ámbito migratorio y constitucional, y antes que cualquier alegato o razonamiento humano está de por medio que son afectados por una sentencia de un tribunal competente que tiene la condición de inapelable.

Si se acepta el principio universal de autodeterminación y soberanía de los pueblos, que justo empieza por el respeto a las decisiones internas que no violenten las leyes y la Constitución, República Dominicana ejerce un derecho al reglamentar una migración masiva, desorganizada, pero sobre todo ilegal.

República Dominicana, si bien no cuestionó la administración de justicia en Antigua, pudo alegar una situación de derechos humanos en el caso de aquel ciudadano, pero no lo hizo. En gran parte de estas islas del Caribe están vigentes legislaciones coloniales desfasadas que las llevan incluso a no aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero son estas las que tratan ahora de aleccionarnos sobre derechos humanos desde una visión no jurídica sino humanista.

Se erigen en gendarmes del Caribe y asumen poses imperialistas tratando de olvidar su herencia o vigencia histórica colonial reeditando imposiciones y designios a los que estuvieron o están sometidas. Olvidan que República Dominicana es una nación independiente, solidaria con sus vecinos cada vez que las circunstancias así lo han demandado, solidaridad que no ha estado contaminada con el chantaje ni con pretendidas acciones de fuerza. Olvidan que el chantaje no puede encontrar cabida en un pueblo que ha construido su futuro con sacrificio y entrega, pero que cuando el deber así lo ha impuesto o exigido sus buenos hijos han dado un paso al frente para preservar ese legado histórico de Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, Duvergé y tantos otros cuya mención resultaría interminable.