POR LEONORA RAMÍREZ S.
Las autoridades enfrentan mañana la segunda convocatoria a huelga hecha este año por el Foro Social Alternativo (FSA), en demanda de añejas reivindicaciones que permanecen oxidadas en las agendas de los funcionarios públicos.

Aumento salarial de un 30% para empleados públicos y privados,  rebaja de  alimentos y medicamentos, el cese de los desalojos y la modificación de la Ley General de Hidrocarburos, es la trilogía que le da sentido al  paro de 24 horas convocado para este martes a las 6:00 de la mañana.

Los organizadores, alrededor de 20 grupos  nucleados  en el Foro Social Alternativo,  no variarán su posición, alegando que  el gobierno   no atendió los mismos reclamos que dieron origen a las protestas del pasado 9 de julio.

   Tanto en este proceso como en los  anteriores, la respuesta de las autoridades ha estado dirigida hacia el mantenimiento del orden público.

Cuando la  palabra negociación cae desde las esferas gubernamentales, a los grupos populares les crea suspicacia porque tradicionalmente se convierte en un golpe de efecto para desactivar las protestas.

Ahora hay coincidencias

 Sin embargo, la modificación  de la Ley de Hidrocarburos ha encontrado cabida en el gobierno, debido al  incremento del barril del petróleo  que ya supera los 83 dólares.

La semana pasada, el secretario de Industria y Comercio, Melanio Paredes, anunció que esa entidad le recomendará al Poder Ejecutivo la revisión de esa legislación,  sobre todo para que el  margen de intermediación del precio de los combustibles no caiga solamente en los consumidores.

Asimismo, el Presidente Leonel Fernández manifestó el jueves pasado, en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que el alza del petróleo le está creando una situación muy peligrosa a los países subdesarrollados.

Pero la sintonía entre el recla mo de los grupos populares,  y la preocupación de las autoridades por el tema de los combustibles, todavía no se traduce en una disposición que enfrente el impacto del constante aumento del petróleo. 

Posición  del gobierno

A su regreso el sábado pasado, después de una gira de 14 días por Estados Unidos, el Presidente Fernández no se refirió a la huelga general convocada para  mañana.

Pero el secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general Ramón Antonio Aquino García, anunció que a partir de hoy estarán “acuartelados” los miembros deesa institución y de la Policía Nacional.

Asimismo, que ambas dependencias  enfrentarán los hechos de violencia que se puedan producir durante la protesta.

Aquino García garantizó transporte gratuito a la ciudadanía y seguridad para quienes aborden los autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

De las medidas de control no quedó fuera la Policía, institución que anunció que utilizará  cuatro camiones cisternas para enfrentar los motines que se pudieran producirse durante las protestas.

Esos camiones, que recorrerán  el Distrito Nacional, la Provincia de Santo Domingo y  San Francisco de Macorís, pueden expulsar  tinta, agua fétida y químicos que  neutralizan  a los manifestantes.

Para los  miembros del Foro Social Alternativo, las disposiciones de los cuerpos del orden son excesivas, porque ellos no están convocando a una guerra, sino a una protesta pacífica en contra de la política económica del gobierno.

Huelga y  reelección

En el  primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el presidente Leonel Fernández  toreó  cientos de huelgas que realizaron los grupos populares en todo el país.

La construcción de obras de infraestructura era la demanda principal,   porque la política de construcción del PLD se concentró en Santo Domingo.

Su segundo período presidencial no se asemeja, ni remotamente, a esa etapa de constantes reclamos que dejó un saldo de decenas de víctimas por los enfrentamientos entre huelguistas y agentes del orden.

Pero faltando menos de un año para concluir este período en el que está trillado el camino de la reelección,   esta huelga se convierte en el empuje que necesita la oposición para descalificar a la administración peledeísta.

En ese sentido, los organizadores del paro cuestionan, igual que los partidos de oposición,   la política fiscal del gobierno por considerarla voraz.

Se suman grupos

El Foro Social Alternativo cuenta con el respaldo de decenas de organizaciones populares.

En tal sentido, la Unión General de Trabajadores Dominicanos (UGTD) le pidió a la clase trabajadora que apoye el paro del martes.

Lelis Tejeda, asesor de esa entidad, manifestó ayer que el gobierno no escucha las demandas de la ciudadanía que necesita aumento salarial y la reducción de los precios de los combustibles.

“Las autoridades deben entender que no solamente gobiernan para la Iglesia Católica y para los empresarios, por lo que debe atender los reclamos de la mayoría”.

POSICIÓN DE LOS TRANSPORTISTAS

Juan Hubieres, presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (FENATRANO), manifestó que aunque los transportistas no son los convocantes del paro,  como miembros del Foro Social Alternativo lo respaldan.

De producirse el paro de labores, el  Consejo Sindical Empresarial de Transporte Colectivo (COSATRAN) no enviará sus autobuses las calles. La flota de COSATRAN supera las 50,000 unidades en todo el territorio nacional.

Cuestionado sobre la posibilidad de que se produzcan actos vandálicos, en contra de  los transportistas que decidan prestar servicios durante la huelga,  Hubieres expresó que si el gobierno no crea problemas las protestas transcurrirán pacíficamente.