La más reciente caída del país en brazos del Fondo Monetario Internacional (FMI) obedeció, sobre todo, a desaciertos en el manejo de la economía por parte del anterior Gobierno, en momentos en que el entonces Presidente de la República pretendía la reelección.

En las presentes circunstancias, cuando representantes importantes de la sociedad advierten que la campaña reeleccionista podría perjudicar el desenvolvimiento de la economía, el Gobierno presenta ante el FMI una carta de intención que contiene elementos que hacen temer un agravamiento de las precariedades que afectan a la familia.

Recortes en los subsidios al gas licuado de petróleo y la energía eléctrica, así como la reducción de las asignaciones de los ayuntamientos municipales, son elementos preocupantes, sobre todo en momentos en que la rectificación fiscal está mermando la capacidad de compra de las familias más pobres, contrario a lo prometido por los precursores de la reforma.

Por cierto que en el caso de las asignaciones de los ayuntamientos habría que ver cómo se aplicaría el recorte propuesto en la carta de intención, si agravando la violación de la ley 166-03, que fija en un 10% del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos la proporción a entregarles (a pesar de lo cual solo se les entrega un 8%), o modificando dicha ley para ponerla a tono con lo planteado en la carta de intención. Para el caso daría igual.

-II-

Hay sectores que insisten en que la campaña reeleccionista perjudicaría la estabilidad de la economía y no quisiéramos creer que previendo esos posibles efectos adversos es que se ha concebido una carta de intención en la que no se exponen, detallada y explícitamente, planes específicos para reducir los gastos del Gobierno y fomentar la austeridad, el ahorro.

Un aspecto también preocupante de esa carta de intención es el que consigna la pretensión del Gobierno, de que el FMI le autorice a aumentar en un 173.3% sobre el tope del 2006, su límite de endeudamiento para el presente año.

Parecería que los estrategas económicos del Gobierno no han previsto los efectos sociales conjuntos que se derivarían de la rectificación fiscal, los recortes en los subsidios del GLP, la energía eléctrica y las ya recortadas asignaciones a los ayuntamientos.

Tampoco parece que hayan previsto que pretender una casi duplicación del tope de endeudamiento del Gobierno tiene como adversario principal su estilo de manejar las prioridades nacionales, destinando recursos sin límites a una obra limitada como el Metro de Santo Domingo mientras sucumben en la precariedad servicios públicos como la salud, la energía y la educación.

Si unos afanes reeleccionistas nos pusieron en manos del FMI, tratemos ahora, que estamos en circunstancias similares, de actuar con el debido tino para evitar un agravamiento de la inequidad y nuevas lesiones a la economía.