POR JONATHAN WHEATLEY Y RICHARD LAPPER
Desde que el banco de inversión Goldman Sachs acuñara el término “BRIC” a finales de 2000, los brasileños se han enorgullecido al percibir a su país como una potencia emergente de estatus similar al de Rusia, India y China.

Pero más recientemente, esa calificación ha empezado a parecer cuestionable.

Esto ha sido particularmente decepcionante, dado el arranque estimulador del presidente de centro-izquierda Luis Ignacio Lula da Silva, cuando asumió el cargo en 2003. Entonces, golpeado por la turbulencia en los mercados internacionales y aumentado por el temor de que algún izquierdista incendiario llevara a Brasil a un “default”, la necesidad más apremiante del país era la estabilidad financiera.

Lula da Silva sorprendió a los mercados y a sus propios partidarios al resolver el problema. Fiel a las políticas de muchos de sus predecesores manteniendo la inflación controlada con altas tasas de interés y administrando los grandes excedentes primarios del presupuesto para disminuir la deuda, mientras también extendía los programas de transferencia de ingresos, Lula da Silva trajo una bonanza a los pobres que resultó suficiente para lograr ser reelegido con una mayoría dominante en octubre pasado.

Sin embargo, hay un gran problema: una economía tercamente lenta. Lula da Silva no ha logrado presentar el “espectáculo de crecimiento” que prometió en 2002, y Brasil se está rezagando en relación con sus pares de octanaje más alto.

La expansión promedio de 2.7% desde 2000 contrasta con 6.7% de Rusia, 6.5% en la India o 9.4% alcanzado por China. En las palabras de Ricardo Amorim, jefe de investigaciones sobre América Latina de WestLB, en Nueva York, Brasil se está pareciendo más a una “economía que se sumerge” que a una emergente.

De ahí la importancia de un plan de crecimiento acelerado anunciado el mes pasado por Lula da Silva, que empezó su segundo término de cuatro años el primero de enero. El presidente ha dejado a los inversionistas con pocas dudas sobre sus prioridades económicas. Al incrementar el gasto en carreteras, puertos y otra infraestructura, y con la introducción de nuevos incentivos a la inversión, dice Lula, la expansión anual de 5% está al alcance de la mano.

Ministros claves dicen que esto se puede lograr sin alterar la economía y la estabilidad financiera. “En la administración de Lula creemos que el trabajo duro de los últimos cuatro años para crear un ambiente macroeconómico estable nos permite ahora ir tras el crecimiento económico”, dijo Dilma Rousseff, jefa de gabinetes del presidente y primera ministro de facto, al Financial Times en una entrevista reciente.

El nuevo gasto tiene que se financiado, por supuesto. El gobierno planea desviar el equivalente hasta de 0.5% del producto interno bruto del pago de la deuda hacia la inversión en infraestructura. Dice que aún con una reducción en el excedente primario del presupuesto, podrá continuar reduciendo la proporción deuda pública neta/PIB, en la actualidad cerca de 50%. No obstante, muchos economistas ven esto como una dilución de la voluntad fiscal del gobierno, que hace menos probable la reforma radical del mercado.

Hacer énfasis en la infraestructura es central para la nueva estrategia. En años recientes, con el gobierno desesperado por estabilizar sus cuentas con el fin de controlar la carga de la deuda, la inversión pública ha decaído significativamente. Aún incluyendo el gasto de Petrobras, la gigantesca compañía petrolera estatal, la inversión de capital ha totalizado menos de 3% del PIB, bastante inferior a los compromisos que han hecho los países de crecimiento más rápido de Asia.

El gobierno espera que su nuevo plan de expansión, conocido como el PAC, aporte el impulso necesario. Se ha planificado nuevo gasto en caminos y generación de electricidad, motores del crecimiento económico que, según dice, traerá inversiones privadas adicionales como consecuencia. La inversión del sector privado  también se verá estimulada por las exenciones de impuestos para la construcción y también se planificó el gasto muy necesario para agua y sanidad. 

Guido Mantega, el ministro de Finanzas, dijo al FT en otra entrevista: “Todo esto va a movilizar una industria de la construcción que se vió paralizada durante un número de años. Esto puede dinamizar la economía”.

Pero la escasez de inversión de capital no es la única barrera para el crecimiento de Brasil. Muchos economistas apuntan a las restrictivas leyes laborales, que han lanzado cerca de 60% de la fuerza laboral al sector informal, reduciendo los ingresos públicos en el proceso. En el sector público, las inflexibles escalas de pago basadas en la edad le niega a los administradores el tipo de resultado basado en incentivos que, de lo contrario, podría, por ejemplo, ayudar a mejorar los niveles de la educación pública. Otros obstáculos incluyen un abrumador sistema tributario y una judicatura disfuncional.

Mantega dice que el gobierno está consciente de la necesidad de eliminar los impedimentos burocráticos al crecimiento y señala innovaciones recientes, como una ley nueva para compañías pequeñas y medianas que simplifica el proceso de los pagos de impuestos corporativos que consume una enorme cantidad de tiempo. También es optimista sobre el impacto de una planeada reforma tributaria más amplia. Los brasileños pagan una cantidad enorme en impuestos, cerca de 39% del PIB, más que muchos países desarrollados y el doble de muchos de los pares de Brasil.

“Vamos a fusionar todos los impuestos indirectos en un impuesto nacional al valor agregado único”, dice Mantega. “Tenemos un calendario de trabajo mediante el cual todas estas cosas van a pasar, y el 6 de marzo tendremos nuestra primera reunión con los gobernadores estatales”.

Tener a los poderosos gobernadores de un lado es fundamental, porque el sistema IVA actual se basa en el estado y reformarlo inevitablemente va a generar ganadores y perdedores entre los estados. Sin embargo, intentos anteriores se han venido abajo, precisamente antes estos obstáculos, y Rousseff es menos optimista que Mantega con las perspectivas, en este caso. “Esta reforma exige discusiones profundas y complejas con los estados”, dice, y añade que el gobierno ha aprendido de sus errores pasados, y que ahora “está construyendo una nueva situación política que puede conducir a la aprobación”.

No obstante, los críticos dicen que estos esfuerzos no van lo suficientemente lejos. Muchos han concluído que el gobierno está menos convencido de que la ortodoxia ofrezca la vía para salir adelante. Lula da Silva pareció decir otro tanto en su discurso de presentación del PAC. Cuando habló de un cambio de actitudes, dijo que “no estoy diciendo que estemos en el camino equivocado, sino que hemos creado el momento y el contexto para cambiar y avanzar”. Realmente, el gobierno parece estar perdiendo  la disciplina fiscal que mantuvo durante el premier periodo de Lula. Entonces, bajo el ex ministro de Finanzas, Antonio Palocci, el gobierno de manera consistente superó su propia meta para el excedente primario de presupuesto de 4.25%.

Una de las últimas acciones de Palocci antes de ser abatido por un escándalo de corrupción hace un año, fue proponer reducciones anuales en al gasto corriente del gobierno (principalmente, en nóminas de la vasta burocracia estatal, pensiones, salud y educación), como porcentajes del PIB. Los fondos públicos quedarían así liberados para la inversión en la deteriorada infraestructura de Brasil. Sin embargo, se ha producido lo contrario de esto desde que cayera Palocci, en la medida en que el gobierno ha concedido generosos aumentos en los pagos a los empleados públicos y acordó un incremento en el salario mínimo significativamente mayor a la inflación. El PAC establece techos a esos incrementos, pero están por encima de la inflación  y corren el riesgo de hacerse más bajos, y no de llegar a los límites más altos.

En lugar de reducir el gasto o enfrentar otras reformas, el PAC deja claro que el gobierno ha puesto toda su fé en el poder de la inversión para acelerar la actividad económica. Rousseff dice que el plan asume “la variable de inversión como la variable determinante para incrementar la tasa de crecimiento económico”.

La impresión de que el gobierno cree que  puede con el gasto llegar al crecimiento, se fortalece con la renuencia del PAC de abordar problemas fundamentales como la reforma laboral y de las pensiones.

El gobierno dice que reconoce la necesidad del cambio en el sistema de pensiones y un foro de análisis del problema dió inicio a seis meses de deliberaciones. pero las restricciones situadas en lo que puede discutir indican que es poco probable que surjan propuestas radicales.

Sobre la reforma laboral, Rousseff es categórica: “Esto no está en la agenda del gobierno. Creemos que hay prioridades mayores”.

Hay otros motivos de preocupación, dicen los críticos, en la forma en que los militantes del Partido de los Trabajadores (PT) del gobierno han asumido gran parte del servicio civil de Brasil.

En la lucha por los ministerios entre los partidos que componen la coalición de Lula da Silva, “particularmente, entre el PT y el oportunista PMDB, que tiene ligeramente más miembros en el Congreso”, es el regateo lo que cuenta, en lugar de la formulación política, o el ser capaz de ofrecer la persona indicada para el trabajo.

La lucha de Lula da Silva por unificar su coalición deja en riesgo su segundo mandato por los problemas de gobernabilidad que afectaron el primero, cuando el Congreso se paralizó por la compra de votos y otros escándalos.

Quizás las mayores dudas sobre la segunda administración de Lula tienen que ver con las prioridades reales. Lula da Silva ha colocado el crecimiento en el centro del debate. Pero ha dejado claro que el crecimiento solo no vale la pena. Y como recalcó cuando presentó el PAC: “Crecer en la dirección correcta significa reducir las desigualdades entre personas y regiones; significa distribuir el ingreso, el conocimiento y la calidad de vida”.

En realidad, si un crecimiento general tercamente lento fue el fracaso del primer periodo de Lula da Silva en el cargo, su éxito principal fue la distribución de los ingresos. Programas ambiciosos de bienestar social, baratos, y sobre todo una baja inflación y altos precios para las exportaciones de materias primas (que hicieron bajar el costo relativo de las importaciones), ayudaron a producir mejoras en los niveles de vida de los pobres, lo que ha convertido a Lula da Silva en el presidente más popular en la historia de Brasil.

Fue, en gran medida, debido a las ajustadas políticas monetarias del gobierno anterior que fuera capaz de lograrlo. Pero al rechazar poner en marcha políticas conflictivas que él mismo defendió durante sus años en la oposición, fue denunciado por muchos de sus partidarios de traicionar a su electorado.

Esto, dice Amorim de West LB, es una lectura errónea. “Lula no ha traicionado a los pobres en absoluto; al contrario”, aclara. “Lo que él ha traicionado es la promesa de crecimiento”.

El temor expresado por Amorim y otros comentaristas no es que el segundo gobierno de Lula se desvíe de su curso hacia el populismo. Es que al no aprovechar la oportunidad ofrecida por las condiciones globales favorables para recomponer el Estado, condene al país a muchos más años de mediocridad.
VERSION AL ESPAÑOL DE IVAN PEREZ CARRION