El 80% de los narcotraficantes solicitados en extradición optan por irse de manera voluntaria para evitar que su patrimonio criminal sea cuantificado, incautado e incluido en la fundamentación de la sentencia, y así poder reclamarlo cuando retornan al país tras cumplir condena en el extranjero, reveló ayer
el procurador de Antilavado de Activos, Daniel Germán Miranda Villalona.

El funcionario afirmó que con los bienes de los narcos extraditados se pueden recuperar “millones y millones” para el presupuesto de la nación y cubrir aspectos sociales deficitarios.

El funcionario ofreció sus declaraciones en la mesa redonda que para analizar el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que cursa en el Congreso Nacional, organizó la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) en un hotel de la capital.

“Con lo que se pierde aquí en este camino de ilicitudes y crimen organizado, y que se puede recuperar con esta ley especial de confiscación, podemos destinar quizás a Educación, el 7%, 8% o 10% (de presupuesto), y de igual manera a otros renglones en los que también tenemos déficit como la salud y la seguridad pública para la propia nación”, dijo Miranda.

Llama a reclamar ante Congreso. Afirmó que la debilidad de la política criminal del Estado y la falta de la Ley de Extinción de Dominio imposibilitan que todo eso sea una realidad, por lo que llamó a todos los sectores a empoderarse del proyecto y reclamar frente al Congreso su urgente aprobación.

“El valor patriótico que se requiere, a propósito de este Mes de la Patria, es en esa dirección: vamos todos los sectores a desplazarnos hasta el Congreso Nacional a exigir que se apruebe esa ley; por el marco de transparencia y la ética, pero igualmente por el beneficio que da para los planes sociales que todavía tienen déficit, pero que no nos negamos a cumplir desde el punto de vista estatal”, subrayó.

Ley es constitucional. El funcionario aclaró que la Ley de Extinción de Dominio no es un proyecto inconstitucional “ni para afectar reputaciones económicas empresariales lícitas”, sino “para reforzar esa competencia leal, hacer negocio seguro y con garantía”.

Explicó que no se trata de un decomiso penal propiamente, comparado con el de la Ley 76-02 sobre Lavado de Activos, sino un decomiso civil llevado en la jurisdicción penal.

Miranda Villalona indicó que en el delito de lavado de activos primero hay que establecer la responsabilidad penal del imputado para poder decomisar, proceso en el cual “nos pasamos 4 y 5 años; mientras que con la Ley de Extinción de Dominio “es una acción autónoma contra el bien”, por lo cual es mucho más rápida.

Se preparan. Informó que la Procuraduría de Antilavado de Activos ya tiene una Unidad de Capacitación en la materia donde entrenan fiscales, analistas, agrimensores y otros especialistas para la identificación de activos criminales y recolección de evidencias.Expresó que además hay una conexión directa con la procuradora para

Asuntos de Extradición, lo que le permitirá tener acceso directo e inmediato con las solicitudes de extradición, y así poder vaciar e identificar los activos criminales que puedan tener, para el día en el que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conozca el caso en audiencia pública aquí, los activos ilícitos identificados sean incluidos en el expediente.

Germán Villalona dijo que así ningún narco que haya cumplido condena en el extranjero podrá regresar al país con la fuerza que lo hacen muchos ahora, “que se convierten en cobradores públicos y demandan la devolución de sus activos”.
La mayoría de los juzgados en Estados Unidos reiben bajas condenas.