UBI RIVAS
En el contexto de las transformaciones y desbarajustes que se iniciaron luego de los tiros del 30-05-61 que culminaron con la muerte del generalísimo Rafael Leonidas Trujillo y su era sangrienta de 31 años, un franco proceso de disolución viene produciéndose en la sociedad dominicana, y sólo dos instituciones medulares, las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica, han permanecido incólumes ante esos recios ventarrones de desintegración social.

Desde un principio, avizoré ese trauma, y cuando todos acusaban entre 1961-62 a las FF.AA. de trujillistas, epíteto del cual pocos resultaron ilesos, escribí en El Caribe y en La Información de mi natal Santiago de los Caballeros, la imperiosa necesidad de preservar la integridad de los institutos armados como una forma de no naufragar como ente nacional organizado.

La Iglesia Católica siempre ha sabido, en dos mil años, defenderse sola.

Oficiales hoy en retiro, otros fallecidos, pueden atestiguar cuanto expreso entre los primeros, Rafael Adriano Valdez Hilario, Manuel Mota Henríquez (Memey), Manuel Pagán Montás, Julio Solano Hernández, Héctor Brea Acosta, y lamentablemente fallecieron el ex-secretario Víctor Elby Viñas Román, Renato Hungría Morell, Felipe Emiliano Rojas López (Tamakún) y Julio Rib Santamaría (Chanquilón), entre otros.

Hoy por hoy, la mayor ansiedad y/o reclamo de la sociedad dominicana, por encima del costo de la vida, la tarifa eléctrica abusiva, los precios de los combustibles que obedecen a factores externos, US$62 el barril, dificultad en adquirir una vivienda, la seguridad, el pánico, es el reflejo de zozobra de la sociedad dominicana, ante la ola y el azote de violencia que nos castiga a todos.

La prensa se hace eco a diario de esa situación de disolución social, y Diario Libre del 02-03-06 reseñaba que el año pasado se reportaron 2,213 crímenes contra 2,064 en 2004, es decir, 251 más, de los cuales las armas de fuego causaron 1,543. Hay 157 mil armas de fuego en posesión de la ciudadanía, contra 20 mil de las FF.AA. y 23 mil de la Policía Nacional. Las compañías de guardianes privados disponen de más de 50 mil armas de fuego.

El 07-03-06 la prensa reseñaba una declaración del titular de las FF.AA., almirante M. de G. Sigfrido Pared Pérez, anunciando que habrá mano dura contra la delincuencia, afirmando que las FF.AA. tendrá que trabajar mancomunadamente con la Policía para enfrentar la ola delincuencial que nos arropa y ahoga.

El 07-04-06, HOY insertaba un cable noticioso desde Ciudad de Guatemala, en el que ilustra que las FF.AA. de ese país fue lanzada a las calles para enfrentar la espiral de crímenes que flagela a la sociedad guatemalteca, 5,500 asesinatos al año pasado orquestado por los maras, agrupaciones criminales que agreden a esa sociedad centroamericana.

Ese es el reclamo de la sociedad dominicana desde hace tiempo, que las FF.AA. integren patrullas con la Policía, comandadas por un oficial policial, en los barrios de las ciudades, por las noches sobre todo, para frenar a las bandas de antisociales, a los narcotraficantes que en pasolas y motores trafican sustancias prohibidas como si fueran mensajeros de colmadones o pizzerías.

En su importante y sumamente actualizada obra Defensa, Seguridad y Democracia, el mayor general (r) E.N. José Miguel Soto Jiménez, anterior titular de las FF.AA., en su página 56, especifica:

Los militares, vistos en el pasado como profesionales de la violencia, hábiles para planificar, dirigir y desempeñar su empleo, ahora deben también identificar, evaluar, asesorar y alertar al poder civil en la toma de decisiones sobre los problemas estructurales que, de no ser corregidos oportunamente, desencadenarían en caos.

El artículo 93 de la Carta Magna define el rol preponderante de las FF.AA. que el Presidente de la República tiene facultad para arbitrar. Que lo haga.