La nueva Constitución tardaría años para alcanzar su vigencia plena en razón de que muchas de sus disposiciones están supeditadas a la aprobación futura de leyes orgánicas o especiales.

Así, la vigencia total de la Carta Magna queda a merced del partido que solo o aliado con otros, mantenga la mayoría en el Congreso para pasar –se teme que a cuentagotas-, las leyes especiales según sus intereses particulares.

A causa de estas ataduras de la Ley Fundamental, a la mayoría que opere en las cámaras legislativas, ya ese texto ha empezado a ser calificado por entendidos en derecho constitucional de “inorgánico” o “libro mediocre” de ciencia política.

Entre los innúmeros artículos que precisan de leyes especiales para cobrar vigencia, figuran los que crean el Consejo Económico y Social, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral y el que establece el referendo.

También, el traspaso de la presentación de las ternas para escoger a los integrantes de la Cámara de Cuentas, del Presidente de la República y de la Cámara de Diputados.

Consejo Económico y Social.  A través del artículo 251, la nueva Constitución crea el Consejo Económico y Social como instrumento esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad, en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social.

Dispone que para promoverlas habrá un Consejo Económico y Social cuya formación y funcionamiento “serán establecidos por la ley”.

Gobierno Ministerio Público.  La Constitución establece, mediante el artículo 174, un Consejo como Gobierno interno del Ministerio Público y, a seguidas, dispone que una ley definirá su funcionamiento y organización.

Quedan además sujetas a la aprobación de leyes, la gestión descentralizada de los municipios, contenida en los artículo del 204 al 207.

Asimismo, el Tribunal Superior Electoral, creado en el artículo 214, queda sujeto a una ley que reglamentará los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero.

Igual ocurre con el Tribunal Constitucional, creado mediante el artículo  184 para garantizar la supremacía de la Carta Magna dominicana.

Propone acuerdo agilice normas

El diputado reformista Frank Martínez, propuso un acuerdo entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso, para facilitar la aprobación de  las leyes a que la Constitución, en diferentes aspectos, está sujeta, aunque admitió que de cualquier manera, el proceso será prolongado.

Martínez, quien fungió como presidente de la Comisión de Verificación, durante el proceso de reformas a la Constitución, advirtió que si no se aprueban esas leyes complementarias, la aplicación de la Ley Fundamental  tendrá problemas.

Citó entre esas leyes las que ponen en funcionamiento el Consejo del Poder Judicial, el Consejo del Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la que establece el acceso a las playas.

Matrimonio religioso

Entre las disposiciones de la nueva ley sustantiva de la nación sujetas a una ley para su aplicación, figura la que permite el matrimonio legal a todas las religiones.

Libertad de expresión

El legislador expresó que de igual manera hay que aprobar las leyes relativas al artículo 49, sobre el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento.

También añadió la ley relativa al artículo 40, que dispone la adecuación del concepto libertad, en la República Dominicana.

A  su vez, sumó lo relativo al artículo 112, que establece la revisión de las leyes orgánicas y ordinarias.