Consumada la reforma constitucional que resucitó la reelección, solo queda prapararse para lo inevitable: un proceso electoral en el que el Presidente de la República, al igual que la mayoría de los actuales senadores, diputados y alcaldes serán también candidatos a los mismos cargos que ostentan. Eso quiere decir que para los comicios del 2016 será mas necesaria que nunca una Ley de Partidos que garantice la equidad entre los actores del proceso, y mas que nada que evite la utilización de los recursos públicos en favor de los candidatos oficialistas, empezando por el primer mandatario. Sin embargo nada induce a pensar, por lo menos en estos momentos, que nuestros legisladores estén dispuestos a hacer ese sacrificio en aras del fortalecimiento de la democracia dominicana y sus instituciones, pues nos han demostrado hasta la saciedad que son alérgicos a la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Qué hacer entonces, resignarnos y cruzarnos de brazos? La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia Santo Domingo propone “una vigilancia social fuerte” que se construiría, según su presidente Antonio Taveras Guzmán, a partir de una coalición de ciudadanos e instituciones de la sociedad civil que ejercería una especie de veeduría para darle seguimiento a los alcaldes, regidores, diputados y senadores que serán también candidatos en el 2016. Por supuesto, proponer esa coalición es mucho más fácil que asumir la responsabilidad, y el compromiso, de ponerla en práctica, y tal vez esa sea su principal debilidad en estos tiempos de apatía ciudadana. Pero nadie se atrevería a negar que es necesaria, pues se trata de dinero público, de nuestro dinero, que estaría mucho mejor invertido si en lugar de desaparecer en los bolsillos sin fondo de los políticos o de financiar su reelección se utilizara para mejorar nuestro sistema de salud o en aliviar la pobreza espantosa que gobierna en la frontera.