Tengo en mi biblioteca una caricatura publicada en El Nacional  para las elecciones de 1994, la cual amplié para nunca olvidar lo sucedido entonces.

Sobre un automóvil descapotable se ven los rostros, caricaturizados, de Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, entre otras personas.

Hay un personaje de aspecto risible, es un mecánico que tiene levantada la tapa del motor del vehículo.  El mecánico con un inocente rostro de “yo no fui”, tiene una inscripción  sobre su cabeza que reza: el problema está en la Junta.

Una y otra vez, desde las elecciones de 1966 hay la convicción de que las elecciones se ganan o se pierden en la Junta Central Electoral, donde hay autoridades capaces de sumar 2 + 2 = 16, si con ese “error” la suma de los votos favorables a sus intereses se beneficia.

Hay, pues, una gran desconfianza en la Junta Central Electoral y en sus autoridades. Esa desconfianza viene de lejos y está perfectamente justificada y documentada.

Por supuesto, los políticos son co-responsables de las actuaciones erradas e interesadas de la Junta Central Electoral.

Y son co-responsables por permisivos, por timoratos, por cobardes y por corruptos.

El temor ha sido una constante en políticos cuyas actuaciones, en su momento, dejaron mucho que desear.

Por ejemplo, el llamado “Fallo histórico” que despojó al Partido Revolucionario Dominicano de la mayoría en el Senado de la República, es una perla a la cual hay que añadir la negativa de contar los votos observados en las elecciones de 1986, lo cual dio ganancia de causa a quien había perdido las elecciones.

Es bueno recordar cómo se utilizaron efectivos de las Fuerzas Armadas y agentes de la Policía para realizar campaña política a favor del candidato de gobierno, que entonces era el doctor Joaquín Balaguer.

La Junta Central Electoral no ejerció la autoridad que le confiere la ley para actuar con responsabilidad ante un hecho tan notorio y grave.

Personajillos que han ocupado asientos como magistrados de la JCE debieron haber sido enjuiciados por un Tribunal de Moralidad que no ha creado el pueblo dominicano para condenar, aunque sea simbólicamente, a quienes contribuyen a desacreditar el sistema democrático.

La acción de funcionarios y políticos, para quedarse con el poder o hacerse con él mediante el engaño, tiene que ser castigada severamente.

Es al pueblo al que le corresponde pedir cuentas, una y otra vez hasta que sean condenados, a quienes tuercen la voluntad popular mediante trampas.

Vigilemos los miembros de la Junta Central Electoral, no permitamos una trastada con los resultados electorales y dispongámonos a castigarlos a ellos y a sus jefes, de una y otra manera, con la ley y con la fuerza.