En el conocimiento de medida de coerción este viernes contra el coronel César Maríñez Lora, de quien el Ministerio Público pide un año de prisión preventiva, la defensa técnica del imputado pidió tiempo al juez José Hilario Germán para poder conocer el expediente y presentar los presupuestos.

En ese sentido, el magistrado Hilario Germán, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Villa Altagracia acogió la solicitud de los abogados de Maríñez Lora, por lo que, se aplazó el conocimiento de medida de coerción para el próximo miércoles 28 de abril, a las 10:00 de la mañana.

El coronel Maríñez Lora, quien hace unas semanas era el superior jerárquico de la patrulla policial que el pasado 30 de marzo mató a Joel Díaz y Elisa Muñoz, quienes se desplazaba por la autopista Duarte, está vinculado en la muerte de la pareja de esposos, de acuerdo al Ministerio Público.

El órgano persecutor del crimen solicitó que se imponga al oficial un año de prisión preventiva y que declare el proceso de tramitación compleja.

El Ministerio Público destaca que procedió con su sometimiento a la justicia luego que en el transcurso de las investigaciones obtuvieran elementos de pruebas que comprometen su responsabilidad penal sobre los hechos que provocaron la muerte a Muñoz Marte, de 32 años de edad y a su esposo Díaz Ferrer, de 35, así como heridas a  Claudio Ramírez Lamais, de 29 años.

Se recuerda que, a los seis agentes que participaron en la muerte de la pareja cristiana se le dictó un año de prisión preventiva. Los policías son: Victorino Reyes Navarro (segundo teniente), Domingo Perdomo Reyes (sargento), así como de los cabos Norquis Rodríguez Jiménez y Ángel de Los Santos y los rasos Antony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís, integrantes de la patrulla actuante.

La muerte de los evangélicos en Villa Altagracia provocó indignación en todo el país y hasta el presidente de la República, Luis Abinader, quien se pronunció visiblemente incómodo por el accionar de las patrullas actuantes aquel fatídico día.

El incidente del 30 de marzo pasado despertó nueva vez el debate sobre la necesidad de reformar la Policía Nacional.