JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ROJAS
La antigua carretera Duarte pasaba por el mismo centro del municipio cabecera de Villa Altagracia. Se formaban unos inmensos «tapones» debido a la estrechez de la vía y el estacionamiento de vehículos en ambos lados. Para evitar esta situación, que se complicaba aún más por un angosto puente que se encontraba casi enfrente del ingenio Catarey, la nueva autopista Duarte se diseñó para que pasara fuera de la población por su vertiente norte.

Era un dolor de cabeza y de mucho peligro para los conductores atravesar en momentos en que se produjera una huelga, cosa que ocurría con bastante frecuencia.

El diseño de la autopista Duarte contemplaba un total aislamiento de la población, para evitar las imprudencias de los peatones y los establecimientos comerciales. En efecto, la autopista se construyó de cuatro vías y paseos laterales. Todo estaba perfecto, hasta que en el gobierno anterior, al síndico se le ocurrió la infeliz idea para captar simpatizantes en su campaña en pos de la reelección, construir varias calles asfaltadas que terminan en la autopista. Concomitantemente, se formó un arrabal de ambas partes de la autopista, con cientos de casuchas que afean uno de los paisajes más bellos de la ruta, teniendo como fondo la loma «Siete Cabezas», cubierta de pinares y de «acacias magium».

¿Qué sucede en la actualidad? Hay un constante cruce, no sólo de peatones, si no de raudas motocicletas que desafían la velocidad de los automóviles y vehículos pesados. Por eso, a cada momento se origina un accidente en el cual llevan la peor parte los accidentados, porque contrario a lo que se piensa, los que acuden a socorrer, en lugar de ayudar, lo que hacen es despojar a los heridos y en alguna ocasión, hasta los golpean para que si mueren, no los puedan reconocer.

Mientras atravesaba esta peligrosa zona la semana pasada en altas horas de la noche, fuimos testigos de una peligrosa práctica de unos maleantes que, amparados por la oscuridad, se dedican a tirarle piedras a los vehículos, y cuando hacen blanco, proceden a desvalijar a conductores y viajeros. Al automóvil que presencié le rompieron el parabrisas y después me enteré, por la denuncia que hizo, que la policía simplemente le recriminó que por qué no le había disparado a los agresores.

La zona peligrosa la constituye el trayecto desde Villa Altagracia hasta el puente sobre «Arroyo Vuelta». Los malandrines prefieren las primeras horas de la madrugada, pero también las noches en donde no hay luna, ya que así los conductores no presienten el peligro hasta que siente el impacto de la piedra. Otra modalidad que utilizan es poner grapas o clavos para que los neumáticos se ponchen. Entonces, con el pretexto de venir en auxilio, proceden a desvalijar al incauto conductor.

Ya no tomamos el riesgo de partir en la noche como antes lo hacíamos y si por alguna circunstancia lo tengo que hacer, espero antes de llegar a la zona peligrosa algún convoy de camiones y me sumo a la fila. Cuando son varios vehículos, los malhechores se abstienen de cometer sus tropelías.

Nuestra Policía Nacional está consciente de la situación antes descrita y contrario a lo que pregonan, no toman cartas en el asunto. Al parecer, le temen tanto como los conductores que se sienten desprotegidos. Pero uno se pregunta ¿y la Secretaría de Medio Ambiente? Lo incluimos porque estos depredadores, ocupantes ilegales de terrenos del Estado, tumban los árboles, abren trochas, caminos de penetración y hasta les instalan el servicio de alumbrado público en las calles.

El problema es que como no se toman acciones contundentes para erradicar de raíz el mal, se ha extendido por otras carreteras. Alguien me contó que algo similar le sucedió entre El Pozo y Nagua y a nosotros, una noche que se nos pinchó una goma en la carretera Maimón-Pimentel, cerca de esta última población, cuatro individuos pretendieron de manera insistente auxiliarnos.

Por más que les dijimos que nos negábamos al socorro, insistieron y tuvimos que hacer un disparo al aire para evitar que nos asaltaran.

Pobre nuestro país la delincuencia se enseñorea por doquier y la Policía no actúa con firmeza, aduciendo que el nuevo Código Procesal Penal sólo permite el apresamiento por parte de ellos «en fraganti delito.» De lo contrario, tienen que tener una orden de arresto emitida por un juez o fiscal. Si seguimos así, no se puede dudar que la acción de comerciantes formando cuerpos armados para la defensa de sus intereses tome cuerpo en todo el territorio nacional, convirtiéndonos en habitantes del Lejano Oeste, en donde el pistolero más rápido imponía su ley. Ojala se le ponga el cascabel al gato antes de que sea muy tarde.