Hoy 
El doctor Marino Vinicio Castillo, asesor en materia de Drogas del Poder ejecutivo, dejó entrever ayer que en la muerte del recluso José Luis Montás Vargas (El Duro Motors), condenado a 30 años de prisión por el caso Paya, intervino la mano del crimen organizado.
El problema del veneno de hoy es que la gente solo entiende por veneno Tres Pasitos y el Trinino (Estricnina), pero hay sustancias modernísimas difíciles de detectar en autopsias incluso, que producen un ataque de hipertensión o un derrame mortal, dijo el jurista luego del inicio del seminario Lavado de Activos y Registro Inmobiliario, organizado por el Comité Nacional de Lavado y la Jurisdicción Inmobiliaria.
Recordó que a raíz de producirse los asesinatos de los colombianos, en Paya, advirtió sobre las posibles consecuencias que devendrían del sonado caso.
Matar siete colombianos, robarse un cargamento de drogas y ocho o diez millones de dólares a carteles peligrosos, es quizás la situación de mayor peligro en que se puede incurrir, aseveró.
Agregó que, la mafia desaparece a cualquiera y nadie puede suponer que eso es de oído, por eso yo cuando vi la muerte dije ¡ay!. La autopsia la harán, el problema será creer sobre sus resultados, ellos dicen murió de hepatitis, ahora esa hepatitis así tan rápido y tan violenta, cuidado si la precipitó alguna sustancia o bebida, señaló.
El informe de Patología Forense arroja que Montás murió de una infección.
Dijo que es preciso que el Estado se adecúe al medio criminal que se les está imponiendo, situación que amerita tomar las medidas precautorias de lugar.
Según el asesor en materia de drogas, el crimen organizado está cambiando las reglas de juego, por lo tanto ahora es mucho más complejo.
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El deceso
Montás Vargas alias El Duro Motors, murió el día ocho de febrero en el hospital Francisco Moscoso Puello, cuando iba a ser trasladado hacia el Centro de Medicina Avanzada (Cedimat), en procura de que recibiera mejores atenciones médicas.
El caso Paya
Montás estaba recluido en la Cárcel de La Victoria, donde cumplía una condena de 30 años de prisión por la matanza de siete colombianos el 4 de agosto de 2008, en Ojo de Agua, Paya, Baní.
