Violación Ley eléctrica puede ir a un arbitraje

Violación Ley eléctrica puede ir a un arbitraje

El consultor técnico José Ramón Bonilla afirmó que no conoce un caso en que una ley, que ha servido de base para realizar inversiones, sea violado por razones coyunturales, y advirtió que una situación de esa naturaleza es anómala y puede ser objeto de un arbitraje internacional.

No obstante, ante la pregunta de si en caso de desconocer los derechos de los clientes no regulados, consignados en la ley eléctrica, los afectados recurrirían a un arbitraje internacional, Bonilla respondió de manera cautelosa.

Aunque dijo que los empresarios están en el derecho de agotar todos los procedimientos legales que consideren necesarios para hacer valer sus derechos, consideró que no sería prudente recurrir a estos mecanismos, sin antes agotar los caminos que abrió el presidente Hipólito Mejía en una reunión con empresarios que le visitaron en el Palacio Nacional.

Empresarios del país hicieron una visita hace varias semanas al presidente Mejía para pedirle que no se aplique un acuerdo suscrito entre funcionarios del gobierno y los generadores capitalizados y las distribuidoras, el cual busca desconocer los derechos de los clientes no regulados y los autogeneradores.

Bonilla hizo estos planteamientos al ser consultado sobre este diario sobre un documento elaborado por la Secretaría de Finanzas, que trata de justificar que se violen por vía administrativa los derechos consignados en la Ley de Electricidad a los clientes no regulados.

Aunque en principio Bonilla se resistió a responder a preguntas por su condición de asesor y debido a que su firma consultora ofrece servicios a una gran parte de los clientes no regulados del sector eléctrico, ante la insistencia de la sección económica de Hoy en conocer su opinión sobre el documento elaborado por Finanzas, señaló que «ese documento fue elaborado siguiendo óptica política y redactado con una cierta lógica que amerita una respuesta técnica y legal».

Dijo que se trata de una especie de documento de trabajo, que deberá ser objeto de un análisis de una comisión que nombró el presidente de la República, en ocasión de la visita que hicieron al mandatario varios empresarios, acompañados de él, como asesor técnico, Bonilla, y del doctor Roberto Rizik, asesor legal.

Bonilla indicó que la posición del Presidente Mejía en ese encuentro fue altamente comprensiva y que, consecuentemente, entregó a los funcionarios del gobierno el documento que prepararon los empresarios para fines de que al término de los trabajos de la comisión, se hiciera una reunión, con la presencia del Presidente, para tomar las decisiones legales.

Al preguntársele quienes forman esa comisión, Bonilla remitió al periodista a los empresarios que visitaron al mandatario, no sin antes de señalar que en la comisión estarían presentes miembros de la cúpula empresarial, funcionarios del sector eléctrico, y los asesores técnicos y legales.

La sección económica del periódico Hoy hizo una investigación y confirmó en diferentes fuentes que la comisión fue creada y entre sus integrantes están Lisandro Macarrulla, presidente Asociación de Industrias, y Manuel Diez, presidente de Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje).

Para Bonilla, el documento elaborado por Finanzas se basa en lo que se ha denominado la ley de necesidad, y no en las leyes escritas, que forman parte del andamiaje jurídico de la República Dominicana.

Afirmó que ese documento «fue redactado sin la mente, siguiendo únicamente los dictados de la ley de la necesidad».

Fue entonces cuando advirtió que una situación de esa naturaleza puede ser objeto de arbitraje internacional y recordó el caso de la compañía Smith-Enron, que estuvo involucrada en un arbitraje internacional que fue en principio ganado por el Estado dominicano, en el laudo que emitió un tribunal internacional.

[b]Deplora justifiquen violar ley[/b]

El presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Manuel Diez Cabral, consideró preocupantes los argumentos esgrimidos por el secretario de Finanzas, Rafael Calderón en su carta enviada a instituciones y empresarios, mediante la cual se pretende justificar el “Acuerdo Marco para la Sostenibilidad de Generación Eléctrica”.

Diez Cabral dijo que el acuerdo firmado por la Superintendencia de Electricidad, los generadores de electricidad, la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales y las empresas distribuidoras de electricidad, se hizo bajo el pretexto de que ante la situación de crisis que se encuentra el país, no se puede cumplir con dicha ley y la excusa de que la insostenibilidad del sector eléctrico es producto de la crisis financiera.

“Lo cual es incierto pues la misma es anterior como lo demuestra la firma en febrero del 2001 del Acuerdo para la Sostenibilidad del Sector Eléctrico y el controversial Acuerdo de Madrid”, añadió.

Destacó que es lamentable que las autoridades, que son las llamadas a velar por el cumplimiento de las leyes y deben ser los garantes de seguridad jurídica del país, sean las que estén justificando la violación a una ley y exhorten a los ciudadanos a irrespetarla por razones meramente subjetivas.

Dijo que no se comprende cómo el secretario de Finanzas puede justificar el irrespeto a una ley, externando que «es cierto como ustedes señalan en su exposición de motivos que es la Ley General de Electricidad que habilita la opción de los usuarios no regulados. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es si en el momento que enfrentamos, tomar la decisión de seguir al pie de la letra una Ley a sabiendas de que con ello lo único que garantizaríamos es el colapso del sistema eléctrico interconectado, es o no una política pública correcta».

El presidente de ANJE manifestó que en reiteradas ocasiones esa institución ha señalado que ningún argumento es excusa válida para justificar la violación a la Constitución y las leyes, “pues el cumplimiento de la ley no es una opción y cada vez que nuestras autoridades toman una medida en violación a nuestro marco legal, atentan contra la seguridad jurídica y debilitan institucionalmente nuestra sociedad, poniendo en cuestionamiento la existencia de un Estado de Derecho, debilitando igualmente nuestra calificación riesgo país, ya bastante disminuida”.

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