Es una verdad de perogrullo, que la Constitución de la República es la ley sustantiva y por lo tanto sus disposiciones están sobre cualquier ley adjetiva, decreto o reglamento. Pero al parecer en nuestro país no es así. Con motivo del suicidio del arquitecto Rodríguez en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), salió a flote el maremágnum agravado por las arbitrariedades, corrupción y prevaricación de los pelafustanes que fungían de directores. Al no tomar el Gobierno medidas coercitivas contra éstos, que durante un período prolongado de tiempo extorsionaron a los constructores de obras del Estado, especialmente en la construcción de liceos, escuelas y comedores, el resultado ha sido un escándalo que no ha podido ser tapado, no obstante los esfuerzos hechos en su favor por el Poder Ejecutivo, para no destapar la caja de Pandora llena de arbitrariedades ejercidas por aquellos sobre los contratistas, sin que hasta la fecha los principales ejecutores de la OISOE hayan sido traducidos ante los tribunales de la República.

Cuando salió a colación la estafa que se realizó en la construcción del Hospital Darío Contreras, cuyo presupuesto original era de RD$886.5 millones y se terminó en la friolera de RD$1,700 millones, las autoridades no se molestaron en pedir cuentas por este desproporcional alza en la finalización en la puesta en servicio de la obra. Esa edificación que ha sido denunciada como un descomunal engaño por los expertos en la puesta en servicio de hospitales, su principal ejecutor, se pasea por las calles invocando su inocencia, pero sin poder justificar la diferencia entre el monto pactado y el final al momento de la entrega de la obra.

Las irregularidades anteriores han motivado que se forme una organización denominada Poder Ciudadano con su original y pasiva iniciativa que consiste en formar una Cadena Humana, con sus integrantes asidos de las manos frente al edificio de la OISOE, que está situado frente al Palacio Nacional. Estos pacifistas ciudadanos han sido víctimas de la agresividad del aparato represivo de la Policía Nacional, que ha impedido que se presenten ante dicha oficina.

¿Bajo qué alegato actúan así las fuerzas policiales? Se comunicó que el Ministro de Interior y Policía, Ramón “Monchi” Fadul había enviado las tropas por el peligro que suponía esta protesta frente al Palacio Nacional. El flamante “nuevo” Jefe de la Policía se limitó a expresar que él “cumplía órdenes superiores”. Este mismo argumento fue el utilizado por la SS alemana para eliminar, no solo a los judíos, sino también a los opositores.

¿Están las decisiones del Ministro de Interior y Policía y el Jefe de la Policía Nacional conformes con la Constitución de la República? Por si acaso ambos no saben o no desean saber cuáles disposiciones constitucionales han violado, he aquí los principales artículos: 8; 40; 41; 46;48;68;169; y 255. Ahora bien, el Ministro puede declarar el Estado de Excepción (Art. 262), en el caso “de que hayan situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la Nación”.

En tal caso, son los componentes del Poder Ciudadano los que no se han percatado, como el Ministro de lo Interior, “que atentan gravemente contra la seguridad de la Nación”.

Los componentes de la Cadena Humana decidieron reunirse en el Centro Cultural Bonó para determinar las acciones a tomar para que la OISOE fuese eliminada. ¡Oh sorpresa! Un mayor y un alistado de la policía, penetraron sin autorización preguntando qué estaban haciendo. Al parecer, estos también estaban cumpliendo órdenes superiores”. Y nos preguntamos ¿Dónde está el Defensor del Pueblo que no ha actuado?

Aunque no confiamos en las decisiones de nuestra imperfecta justicia, creemos que la única salida, tanto a Poder Ciudadano como a la Cadena Humana, es acudir al Tribunal Constitucional en acción de Amparo. Por eso debemos justificar la declaración del presidente Balaguer cuando expresó: “La Constitución es un pedazo de papel”. Esto es grave cuando en esta persona se conjugan su condición de abogado y presidente de la República.