Al cumplir hoy el primer año de ser proclamada, la Constitución que rige a los dominicanos pasaría a la historia como una de las más irrespetadas en tan corto período, sobre todo, en un aspecto tan fundamental como el de la integración del organismo encargado de protegerla: El Tribunal Constitucional.

También sobresale el rezago en la aprobación de las leyes adjetivas, imprescindibles para poner en vigor los avances institucionales anunciados a favor de la ciudadanía por los gestores de la nueva ley de leyes.

¿Lentitud, desidia, negligencia? Cualquiera o todos de esos calificativos encajaría perfectamente para definir la actitud de los legisladores y de sus jefes políticos, frente a la responsabilidad de poner en vigencia, íntegramente, la carta sustantiva de la nación.

Violación. Se recuerda que la segunda disposición transitoria de la Constitución dispone que el Tribunal Constitucional deberá integrarse dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la nueva ley fundamental, plazo fatal que se cumple hoy.

De las decenas de leyes adjetivas necesarias para poner en funcionamiento los nuevos organismos creados, así como la adaptación de cientos de leyes al nuevo orden constitucional, sólo han sido aprobadas las que rigen el Tribunal Superior Electoral (TSE) y los consejos del Poder Judicial y del Ministerio Público.

El proyecto de ley orgánica del TC permanece aún empantanado en razón de que el estamento político aún no decide si otorgar la supremacía sobre la constitucionalidad a este nuevo organismo o a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Admiten violación. Los senadores peledeístas Charlie Mariotti, Euclides Sánchez y José María Sosa Vásquez afirmaron ayer que el Congreso no tiene excusa ante su violación a la Constitución por no haber aprobado la ley orgánica del Tribunal Constitucional (TC) y, en tal sentido, los dos primeros atribuyeron negligencia a los políticos, incluyendo al presidente Leonel Fernández.

Mariotti, de Monte Plata; Sánchez, de La Vega, y Sosa Vásquez de San Pedro de Macorís, defendieron el proyecto de ley orgánica del TC tal y como lo aprobó el Senado, es decir, sin que el nuevo organismo pueda revisar las sentencias que en materia de constitucionalidad emita la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Mariotti advirtió que lo contrario provocaría una hecatombe o cataclismo jurídico.