Concebir que el dominicano incumple la ley por génesis, como opina Licelot Marte, presidenta de la Cámara de Cuentas, soslaya a nuestro modo de ver el principal origen de ese comportamiento. En la conducta del dominicano promedio influyen los ejemplos que con frecuencia exhiben políticos con acciones que van desde la no prestación de declaración de patrimonio, hasta las violaciones a la democracia interna de sus partidos y los derechos de sus conmilitones.

Este asunto es más grave de lo que parece. La violación inducida por el vacío de autoridad es un veneno para las sociedades. El conductor gira o estaciona donde se le antoja porque, habiendo una ley que traza pautas a ese respecto, nadie la hace cumplir. Esa ausencia de autoridad es común denominador en todos los órdenes.

La propia evasión de la declaración jurada de bienes de parte de funcionarios del Estado, induciría en el ciudadano común un comportamiento dominado por la premisa de que ese desliz ético no tiene consecuencia alguna para el que lo comete. También inducen falsas premisas las barreras contra normas que regularían determinadas actividades, como son las trabas que los grupos políticos anteponen a pautas de control como la ley de partidos y la ley electoral. No deberíamos acogernos a la genético para explicarlo.

 Otra queja para  el saco roto

Apenas salimos del tema anterior sobre lo que induce al dominicano a violar la ley, y ya caemos en otro tema que encaja como ejemplo de mala conducta inducida. Se trata de la postulación a cargos electorales de personas que tienen asuntos penales pendientes con la Justicia, acusadas de presuntos actos de corrupción. El procurador general Francisco Domínguez Brito, que expresa su alarma por estas nominaciones y aporta otra queja para el saco roto, cita con pelos y señales por lo menos dos casos de esta naturaleza.

Los partidos políticos ni siquiera tratan de cubrir las apariencias al momento de nominar gente con procesos judiciales pendientes. En procura de beneficiar sus intereses particulares, no les importa inducir en la sociedad la creencia de que lo que están haciendo no es éticamente censurable. Y lo es.